El cambio climático es una de las mayores preocupaciones actualmente. Afortunadamente, muchos gobiernos ya se han hecho eco de esta importante demanda y han tomado cartas en el asunto proponiendo y ejecutando políticas públicas. El artículo ganador de la Convocatoria del Observatorio Social de “La Caixa” para apoyar proyectos de investigación social basados en la realización de encuestas el pasado 2019, elaborado por Maria Rubio Juan, Melanie Revilla, André Pirralha y Wiebke Weber, de la Universitat Pompeu Fabra, aborda en profundidad cómo podría mejorarse el apoyo a las políticas públicas que se proponen combatir el cambio climático en España.
Nuestro país, debido a su estructura económica y biodiversidad, es una región especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Los incrementos de la temperatura pueden causar una reducción muy importante de los recursos hídricos, la aceleración de la desertificación de la mayor parte del territorio y la disminución de la productividad de la pesca y del sector agrario. Es por esto que, tomar medidas orientadas a la adaptación del país a las consecuencias del cambio climático debería ser una prioridad a todos los niveles.
Sin embargo, el éxito de un plan estratégico frente a un reto social de esta magnitud depende, en última instancia, de que la ciudadanía le de su apoyo. La investigación financiada por el Observatorio Social de “La Caixa” fue realizada con el apoyo activo de las personas residentes en España y sus opiniones con respecto a tres posibles políticas para combatir el cambio climático: la prohibición del uso de vehículos ligeros contaminantes a partir de 2029, un descuento del 10% en la factura del agua a los hogares que reduzcan su consumo, y un impuesto sobre el carbono, implementado mediante 8 diseños alternativos.
El 78% de las y los encuestas cree que la acción humana tiene una influencia importante en el cambio climático, y alrededor del 90% cree que este fenómeno requiere un cambio urgente en nuestras sociedades. A pesar de ello, el apoyo a las políticas específicas de cambio climático que buscan modificar el comportamiento individual es significativamente menor. Por ejemplo, solamente el 59% de las y los españoles ha reducido su consumo de agua y energía durante el último año.
El estudio se propone como objetivo principal, poder servir de información certera para ampliar esta base de ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad. Es decir, al comprender qué factores influyen en el apoyo de los ciudadanos a las políticas de cambio climático será posible mejorar el diseño de dichas acciones y aumentar las posibilidades de éxito.Los principales resultados de la investigación muestran que el nivel de apoyo de los ciudadanos es muy diferente según el tipo de medida a implementar. En este sentido, mientras que solo alrededor de un tercio de las y los encuestados apoyan la prohibición de los automóviles contaminantes y el impuesto sobre las emisiones de carbono, alrededor de dos tercios apoyan activamente la política del agua.
En relación a la explicación de porqué una medida tiene más apoyo que otra radica concretamente en la percepción de eficacia de dicha política. Es decir, el factor más importante que explica el apoyo tanto a las medidas sobre el automóvil como a las del agua es la eficacia percibida. Las personas están dispuestas a respaldar una política orientada a conseguir un resultado deseado (por ejemplo, reducir las emisiones de CO2 o el consumo de agua) si tienen la percepción de que esa política será realmente efectiva, aunque ello suponga o exija un cambio de hábitos importante.
La buena noticia que se desprende de la investigación es que las personas residentes en España son más receptivas a un impuesto al carbono cuando este tiene en cuenta las diversas capacidades económicas de los ciudadanos y cuando su introducción se combina con una reducción en el resto de los impuestos. Finalmente, el estudio concluye que el éxito en la implementación de políticas públicas puede mejorarse definiendo correctamente el público objetivo y diseñando acciones diferenciadas, según los ciudadanos estén o no directamente afectados por la medida.
Es claro entonces que el primer paso es que las administraciones efectivamente diseñen políticas públicas orientadas a detener la emergencia climática, pero sin el apoyo de la ciudadanía estas serán insuficientes. El informe sugiere entonces que las personas al frente del diseño y la implementación de políticas públicas deberían, antes que nada, centrarse en comunicar con éxito la eficacia esperada de las medidas propuestas. Y los administradores públicos tendrían que definir su público objetivo con precisión y diseñar estrategias para activar el apoyo, tanto de los individuos directamente afectados como el de los no afectados.
