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La reconstrucción de la economía está en la lista de preocupaciones de la mayoría de los Estados de cara a la nueva normalidad. El punto es ¿qué tipo de economía queremos re construir? Si algo ha demostrado la COVID-19 es que las políticas públicas en nuestro país, como la sanidad o la protección social, son esenciales. Además, ha visibilizado a personas trabajadoras silenciadas que viven en precariedad, muchas de ellas migrantes y dedicadas a labores esenciales que durante meses han salvado y cuidado vidas. Es por esto que la nueva normalidad puede ser una oportunidad para re pensar una economía más justa.

Aunque resulta difícil encontrarle el lado positivo a lo devastadora que está siendo esta pandemia, un punto interesante puede ser entender este nuevo contexto que nos toca atravesar como humanidad como una oportunidad para reconstruir una sociedad al menos un poco más justa. La pandemia puede ser una oportunidad para construir una economía más igualitaria, que dé prioridad a las personas y no tanto al mercado y a las ganancias de las grandes corporaciones. Es tiempo de ir hacia una economía menos desigual y más solidaria. Es tiempo de lo imprescindible, y hay propuestas que pueden hacerlo posible.

Aunque todos y todas somos vulnerables ante el virus, la COVID-19 no ha afectado a todas las personas por igual. El impacto de la pandemia ha sido más feroz con las más pobres y vulnerables, con quienes ya sufrían una precariedad laboral que ahora podría ir a peor y que, irónicamente, también afectaba y sigue afectando a trabajadores y trabajadoras que han sido esenciales para nuestra supervivencia durante la crisis sanitaria: agricultores/as, personal de supermercados, sanitario, cuidadoras de personas mayores, empleadas de hogar, repartidores.

El informe publicado por Oxfam “Una reconstrucción justa es posible y necesaria” explica que la crisis económica de 2008 dejó en la estacada a millones de personas y es necesario aprender de los errores del pasado. Es por esto, afirma el documento, que dado que la COVID-19 ha evidenciado que las políticas públicas (sanidad, educación, etc.) son imprescindibles y que los recortes que se hicieron entonces provocaron más desigualdad que no debemos volver a pensar en políticas de ajuste y austeridad como la respuesta. La COVID-19 es una gran oportunidad para hacer cambios en profundidad.

La crisis desatada por la pandemia de la COVID-19 ha desvelado la debilidad de nuestro sistema sanitario, las limitaciones de las políticas públicas responsables de garantizar nuestros derechos sociales y la fragilidad del contrato social, donde todavía abundan la precariedad laboral, los bajos salarios, la desigualdad de género y la vulnerabilidad de una parte importante de la población. Los trabajadores esenciales, que han trabajado en primera línea en hospitales, residencias de mayores, comercios o transporte, entre otros, son los primeros afectados. La crisis deja además una huella de profundos daños económicos y sociales que se han distribuido de manera muy desigual e injusta.

El informe demuestra que en España con un aumento esperado de la tasa de paro del 13% al 19%, además de una caída del PIB del 9% durante el año 2020, se estima que el número de pobres en España podría aumentar en más de 700.000 personas, hasta alcanzar los 10,8 millones de personas. En términos porcentuales, este aumento supone un incremento de la pobreza relativa de 1,6 puntos, hasta alcanzar al 23,1% de la población (frente al 21,5% antes de la COVID-19). Sin embargo, estos números pueden llevarnos a engaño, pues la fuerte caída en el PIB también supone una importante caída del umbral de pobreza. Considerando constante el umbral de pobreza, la pobreza relativa podría llegar a alcanzar al 26%. Detrás de estos porcentajes y números hay personas sufriendo, para ser exactos, más de 12,3 millones de personas.

El informe explica también que, en términos de incremento de la pobreza relativa, el aumento más importante se produciría en Baleares, con un incremento superior al 11% del porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza, seguido de Castilla y León. En términos absolutos, destaca Andalucía, con 201.000 personas más por debajo de la línea de pobreza. El impacto de la caída del PIB en la renta neta disponible per cápita será más acusado en Extremadura, Canarias y Andalucía, y menos en las comunidades autónomas más ricas: País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid.

Estas mismas estimaciones apuntan a un importante aumento de la desigualdad, como resultado del diferente impacto económico y social, que afecta de manera especial a las rentas más bajas. El impacto del aumento del desempleo será asimétrico, afectando más a los deciles más pobres, lo que se traducirá en una mayor pérdida relativa de renta entre aquellas personas con menores niveles de ingresos. En términos relativos, el decil más pobre podría llegar a perder, en términos proporcionales, más de ocho veces la renta que pierde el decil de renta más alto.

En este momento a donde la tan nombrada nueva normalidad ya está aquí y se están debatiendo las soluciones para salir de esta crisis, es imprescindible evitar que la desigualdad vaya a más. Por eso, Oxfam propone una serie de medidas que vayan más allá de las impulsadas por el Gobierno. La renta mínima básica, igual que otras propuestas ya aprobadas, son bienvenidas pero insuficientes. De esta crisis sólo saldremos con solidaridad y el esfuerzo de todos y todas. La ONG sostiene que, más allá de las medidas implementadas para mitigar este primer choque, resulta necesario evitar que la fase de reconstrucción se sustente en políticas que deriven en mayor precariedad laboral, más devaluación salarial o en el adelgazamiento de aquellas prestaciones públicas que se han mostrado imprescindibles. A diferencia de lo ocurrido tras la crisis de 2008, debemos hacer todo lo posible para evitar que esta crisis acabe en mayores niveles de pobreza y desigualdad.

Es por esto que Oxfam sostiene que, las medidas deben de estar encaminadas a proteger el empleo, asegurar coberturas sociales para los colectivos más vulnerables y garantizar que los cuidados están en el centro. Esto es imprescindible para garantizar el bienestar en el presente y el futuro inmediato, y para evitar que se incremente aún más la desigualdad. Los riesgos de esta pandemia y los costes económicos de la reconstrucción deben repartirse de forma justa entre personas trabajadoras, empresariado y el Estado.

Todo lo anterior supone  que resulta imprescindible adoptar un nuevo contrato social entre la ciudadanía, los gobiernos y el mercado; reducir drásticamente la desigualdad y sentar las bases de una economía más humana y por ende más justa. Las medidas que se decidan ahora tendrán profundas repercusiones en nuestro futuro. Pueden sentar las bases de un mundo más justo, en el que los cuidados y el planeta estén en el centro en lugar del lucro sin fin del cual se benefician sólo unos pocos.

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