El nuevo informe divulgado por la OIT sostiene que la respuesta a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus requiere la implementación de sistemas de protección social reforzados e integrales. La salida de la crisis deberá ser con toda la ciudadanía y para eso los Estados deberán proteger a los sectores más vulnerables.
Entre muchas otras cosas, la pandemia ha dejado al descubierto que los déficits de protección social en la mayoría de los países son graves. Según el estudio de la Organización Internacional del Trabajo, sólo se podrá atenuar el impacto de la crisis del COVID-19 y de crisis futuras si las naciones zanjan las graves deficiencias que enfrentan en la esfera de la protección social.
El informe explica claramente que de no ponerse en marcha planes de respuesta que incluyan ese tipo de protección, la recuperación no será sostenible y se expondrá a la pobreza a millones de personas, además de que afectará la capacidad de reacción mundial cuando se presenten otras emergencias. Las medidas de protección deberán incluir la concesión de prestaciones de enfermedad durante la contingencia, recalca el documento.
La OIT destaca que, si bien el virus no discrimina entre ricos y pobres, sus repercusiones son sumamente desiguales. El virus ha tenido muy desiguales impactos en las diferentes regiones del mundo, en este sentido, el documento afirma que el acceso a una atención de salud asequible y de calidad se ha convertido una cuestión de vida o muerte.
Además, destaca que los encargados de la formulación de políticas públicas deben evitar centrar toda su atención en el COVID-19, ya que ello podría reducir la disponibilidad de los sistemas de salud para responder a otras afecciones que matan a personas todos los días. El informe recuerda que el 55% de la población mundial, o 4000 millones de personas, carece de seguro y de asistencia social y que solo el 20% de las personas desempleadas tiene derecho a una prestación de desempleo, aunque en algunos lugares la cobertura es incluso inferior.
La Organización Internacional del Trabajo también subraya que la carencia de protección social puede obligar a ir a trabajar a personas que están enfermas o que deberían autoconfinarse, aumentando así el riesgo de infectar a terceros. Señala, además, que la pérdida de ingresos aumenta el riesgo de pobreza de los trabajadores y sus familias y que esto podría tener un efecto duradero.
Sobre las medidas a tomar, La OIT insta a los estados a adoptar medidas urgentes y a corto plazo para resolver los déficits de cobertura y adecuación de las prestaciones de enfermedad, y apunta a la triple ventaja que ello podría entrañar: apoyo a la salud pública, prevención de la pobreza y promoción de los derechos humanos a la salud y la seguridad social. Entre las medidas propuestas se incluyen la ampliación de la cobertura de la prestación de enfermedad a toda la población, asegurándose de llegar a las mujeres y los hombres con una relación de trabajo atípica o informal, a los trabajadores por cuenta propia, a los migrantes y grupos vulnerables.
“La crisis del COVID-19 es un llamado de atención. Ha demostrado que la falta de protección social no solo afecta a los pobres; también pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes tenían una situación relativamente buena, pues el costo de la atención médica y la pérdida de ingresos puede destruir fácilmente el fruto de decenios de trabajo y los ahorros de una familia”, puntualizó Shahra Razavi, directora del Departamento de Protección Social de la OIT.
Finalmente, el documento recomienda aumentar las prestaciones para que proporcionen seguridad del ingreso, acelerar la concesión de subsidios y ampliar el alcance de las prestaciones en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento, así como el tiempo pasado en cuarentena o cuidando de personas enfermas a cargo.
“Los ejemplos de distintos lugares del mundo vuelven a evidenciar que los países con un sistema de protección social sólido e integral están en una posición mucho más fuerte para intervenir ante una crisis y recuperarse de ella. Los encargados de formular políticas tienen que aprovechar el impulso generado por la creciente conciencia del público sobre la importancia de la protección social y la urgencia de invertir en ella como sociedad, para asegurar la capacidad de respuesta en crisis futuras”, concluyó Razavi.
