La Corte Internacional de Justicia ha emitido una opinión consultiva sin precedentes que establece de forma inequívoca que los Estados tienen la obligación legal, bajo el derecho internacional, de proteger el sistema climático. La declaración, impulsada por los pequeños Estados insulares del Pacífico, marca un hito para la justicia climática global y refuerza el deber de actuar con diligencia, cooperación y celeridad.
