En un pronunciamiento calificado como "histórico", la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dejado claro que todos los Estados están obligados, según el derecho internacional, a prevenir el cambio climático y reparar los daños ocasionados. La opinión consultiva fue solicitada por la Asamblea General de la ONU en abril de 2023 y se dio a conocer tras una participación sin precedentes: 96 Estados y 11 organizaciones internacionales presentaron argumentos en audiencias públicas celebradas entre el 2 y el 13 de diciembre de 2024.
Según informa Naciones Unidas, la CIJ ha calificado el cambio climático como un “riesgo universal existencial”, cuyas consecuencias —graves y transfronterizas— afectan tanto a ecosistemas naturales como a comunidades humanas. El tribunal afirma que la actividad humana es, sin lugar a dudas, la principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. “Las consecuencias del cambio climático son severas y de gran alcance […] subrayan la amenaza urgente y existencial que supone”, declaró el presidente de la Corte, Yuji Iwasawa.
La Corte determina que los Estados tienen el deber de prevenir daños significativos al medio ambiente, actuando con la debida diligencia y empleando todos los recursos a su disposición. Además, deben cooperar entre sí de buena fe, especialmente para apoyar a los países más vulnerables a los efectos del calentamiento global.
El dictamen deja claro que la inacción no puede justificarse por falta de certezas científicas absolutas. De hecho, señala que las obligaciones climáticas de los Estados no solo emanan de tratados multilaterales, sino que también forman parte del derecho internacional consuetudinario. Esto significa que son aplicables incluso a países que no han suscrito los principales acuerdos climáticos.
En cuanto a las implicaciones jurídicas, la CIJ establece que el incumplimiento de estas obligaciones constituye un acto internacionalmente ilícito. El Estado responsable debe cesar su conducta, garantizar que no se repita y reparar los daños a través de medidas como la restitución o la indemnización.
La opinión también reconoce la especial situación de los pequeños Estados insulares en desarrollo, cuyas condiciones geográficas y socioeconómicas los hacen extremadamente vulnerables a los impactos del cambio climático. También subraya los derechos de las generaciones presentes y futuras, marcando un precedente de gran valor ético y legal.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, celebró la decisión como una victoria para la justicia climática y el planeta: “Esta es una victoria para nuestro planeta, para la justicia climática y para el poder de los jóvenes para marcar la diferencia. Los jóvenes de las Islas del Pacífico iniciaron este llamado a la humanidad. Y el mundo debe responder”.
Guterres aprovechó la ocasión para renovar su llamado a acelerar la transición hacia un modelo energético limpio. Citando un informe interagencial reciente, señaló que la inversión en energías renovables superó por primera vez en 2024 a la destinada a combustibles fósiles. Además, destacó que la energía solar y eólica ya ofrecen un coste de generación más bajo que el de las fuentes fósiles, lo que marca un punto de inflexión en la economía global.
“La energía limpia no solo combate el cambio climático, sino que también impulsa el desarrollo económico, la creación de empleo y la seguridad energética”, aseguró Guterres. “Mientras el petróleo y el gas generan dependencia y volatilidad geopolítica, el sol y el viento representan autonomía, estabilidad y abundancia”.
Aunque la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia no es jurídicamente vinculante, sí posee un enorme valor moral y se espera que influya de forma significativa en futuras decisiones políticas y judiciales. En la actualidad, ya hay cerca de 3.000 litigios climáticos abiertos en unos 60 países, lo que demuestra que la presión legal sobre los Estados para que actúen de forma efectiva frente a la crisis climática es cada vez mayor. Este dictamen no solo refuerza esa tendencia, sino que establece una base jurídica sólida para exigir responsabilidades a quienes no actúan a la altura de la emergencia ecológica. La justicia climática, hasta ahora una demanda ética y política, se convierte también en una exigencia legal.
