Existen distintas escalas en las que enmarcar el tema de la mejora de la eficiencia energética: la escala territorial, en la que la optimización de los recursos y el uso compartido de fuentes de energía renovable se ha convertido en una necesidad global. La escala urbana, en la que las ciudades desempeñan un papel fundamental en las tareas pendientes para la mejora de la eficiencia energética, siendo responsables del 70% de las emisiones globales y ocupando únicamente el 3% de la superficie terrestre. Y la escala de la edificación de las mencionadas ciudades, en la que los edificios generan 1/3 de las emisiones de CO2 y sólo en España, 4 de cada 5 edificios (82%) son ineficientes desde el punto de vista de la calificación energética, por lo que parece razonable exigir que los mismos cumplan con las condiciones de sostenibilidad que, a medio plazo, se requieren.
La eficiencia energética en edificios no solo tiene un impacto positivo en el medio ambiente, sino que también ofrece numerosas ventajas financieras. Al reducir el consumo de energía, los propietarios pueden experimentar una disminución significativa en los costos operativos a largo plazo, lo que aumenta la rentabilidad y el valor del activo inmobiliario. Asimismo, la implementación de tecnologías y prácticas de eficiencia energética puede aprovechar una serie de incentivos gubernamentales y financieros.
Es por ello por lo que las instituciones europeas se han planteado tomar medidas para llegar a la neutralidad climática en 2050. Entre muchas otras, destacamos el Objetivo 55, el cual establece cómo transformará la UE los objetivos climáticos en legislación. Para lo que se ha fijado el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990. El paso dado en las instituciones europeas con la aprobación de los instrumentos que han de regir la consecución de los propósitos del paquete de medidas Objetivo 55, pone el foco en la importancia de abordar la mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario público y privado, fijando unos plazos concretos para la consecución de los objetivos que mejoren el modelo tradicional seguido hasta ahora.
Aún con la llegada de fondos del plan Next Generation que están gestionando las Comunidades Autónomas y con los incentivos fiscales que, a nivel de Gobierno central, se proponen para estimular la acción de los propietarios del tejido edificatorio, parece claro que la amplitud de la actuación hará necesaria la concurrencia de otros inversores que participen en el proceso. Además de los requisitos normativos, la mejora de la eficiencia energética se está convirtiendo en un criterio básico de elegibilidad para la adquisición de activos inmobiliarios, ya que los inversores buscan cada vez más oportunidades que promuevan la sostenibilidad y la responsabilidad social. Hasta ahora, la rehabilitación integral de edificios y la mejora de las medidas activas y pasivas ha supuesto una necesidad de inversión muy importante para los propietarios, que recuperan dicha inversión a través de la amortización que se produce por el ahorro en la factura energética y en la carga fiscal. Este proceso, si quiere acometerse con la diligencia debida, debe buscar fuentes alternativas a la financiación tradicional.
La participación de inversores en este proceso global supone un reto para los expertos en asesoramiento financiero, que haga posible una concentración de esfuerzos en abrir el mercado de las inversiones de impacto hacia objetivos de mayor compromiso social.
