La transformación del sistema energético mundial ocupa un lugar central en las negociaciones climáticas. Tres años después de que los países acordaran en la COP28 de Dubái avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles, la comunidad internacional afronta el desafío de convertir aquel compromiso en medidas concretas, capaces de reducir las emisiones y garantizar un suministro energético más seguro y accesible.
Durante el Día de la Energía y el Transporte de la COP31, celebrado este martes, representantes de gobiernos, organismos internacionales y especialistas analizaron las principales barreras que dificultan este proceso. La jornada estuvo marcada por la presentación de nuevas iniciativas y por una advertencia compartida: disponer de tecnologías limpias cada vez más competitivas no será suficiente si no se resuelven los problemas de inversión, infraestructura y cooperación internacional.
La movilidad también protagonizó una imagen paradójica en Antalya. Mientras dentro del recinto se debatía cómo transformar el transporte, la llegada de líderes internacionales y el refuerzo de la seguridad provocaron importantes atascos, autobuses abarrotados y desplazamientos de varias horas hasta la sede de la conferencia.
Uno de los principales anuncios de la jornada fue la presentación oficial de una hoja de ruta elaborada por Brasil, país que presidió la COP30. El documento, publicado inicialmente el pasado 3 de noviembre, pretende ayudar a los gobiernos a trasladar los compromisos internacionales sobre combustibles fósiles a sus propias políticas energéticas.
La propuesta parte de una realidad: no todos los países afrontan las mismas dificultades. Mientras las economías productoras de petróleo y gas deben prepararse para posibles pérdidas de ingresos y transformaciones en sus sectores industriales y laborales, los Estados que dependen de las importaciones necesitan desarrollar alternativas para reducir su vulnerabilidad ante las fluctuaciones de los mercados internacionales.
Según explicó Ana Toni, consejera delegada de la Presidencia brasileña de la COP30, la iniciativa aborda cuatro dimensiones relacionadas entre sí: la demanda de combustibles fósiles, su producción, las condiciones de suministro y las consecuencias económicas de reducir su utilización.
El documento también incorpora indicadores para que los países puedan evaluar su situación, detectar dificultades y definir prioridades, además de plantear mecanismos para fortalecer la cooperación internacional. Aunque se trata de una herramienta voluntaria y no de un nuevo acuerdo jurídicamente vinculante, Naciones Unidas considera que puede contribuir a acelerar la transformación energética.
Durante su presentación, el secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó que los gobiernos elaboren planes nacionales con calendarios definidos, necesidades de financiación identificadas y resultados verificables de aquí a 2028.
El responsable de Naciones Unidas también insistió en que abandonar los combustibles fósiles no constituye únicamente una necesidad ambiental, sino una cuestión de seguridad económica.
Según los datos expuestos por Guterres, desde el inicio de la actual escalada en Oriente Medio, la Unión Europea ha afrontado más de 100.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles, mientras que los precios de la gasolina y el diésel han aumentado en 130 países.
El secretario general advirtió de que cambiar de proveedor no elimina la exposición a las crisis internacionales, ya que una interrupción del suministro puede repercutir sobre los precios energéticos en todo el mundo.
La presidencia turca de la COP31 también presentó una iniciativa destinada a incrementar el peso de la electricidad en el consumo energético mundial. Bajo el nombre de Compromiso Global de Electrificación 35-35, la propuesta plantea elevar la participación de la electricidad desde el algo más del 20 % actual hasta el 35 % en 2035.
El objetivo es impulsar una transformación de actividades que todavía dependen considerablemente de los combustibles fósiles, como el transporte, la calefacción de los hogares o determinados procesos industriales.
La sustitución de autobuses diésel por vehículos eléctricos, la incorporación de sistemas de calefacción que prescindan del gas y la electrificación de las fábricas son algunos ejemplos de esta transición. No obstante, el impacto climático de una mayor electrificación dependerá también de que la electricidad utilizada proceda progresivamente de fuentes renovables y otras tecnologías de bajas emisiones.
La expansión de la energía solar y eólica plantea otro desafío fundamental: garantizar que la electricidad generada pueda llegar hasta los lugares donde se necesita.
Según explicó a Noticias ONU Dario Liguti, representante de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE-ONU), alrededor de 2.500 gigavatios de capacidad de generación eléctrica y otros proyectos energéticos permanecen pendientes de conexión a las redes en distintas regiones del planeta.
Esta situación refleja una contradicción creciente. Aunque existen instalaciones capaces de producir electricidad limpia, algunas no pueden entrar en funcionamiento porque carecen de conexiones adecuadas. Otras se ven obligadas a limitar su producción debido a la insuficiente capacidad de las infraestructuras existentes.
La solución pasa por ampliar las redes de transporte y distribución eléctrica, pero también por modernizar las instalaciones actuales para que puedan gestionar mayores cantidades de energía. Liguti señaló que serán necesarios millones de kilómetros de nuevas líneas eléctricas y mejoras sustanciales en los sistemas existentes.
A pesar de estas dificultades, el especialista destacó que la expansión de las renovables ofrece una oportunidad para reforzar la independencia energética de los países. A diferencia del petróleo y el gas importados, los recursos solares y eólicos pueden aprovecharse dentro del propio territorio, reduciendo la exposición a las crisis internacionales de suministro.
Además, las instalaciones renovables pueden desarrollarse en plazos relativamente cortos, siempre que existan las condiciones necesarias para conectarlas al sistema eléctrico.
Otro de los asuntos abordados durante la cumbre fue la dificultad que encuentran numerosos países en desarrollo para financiar proyectos de energía limpia. Aunque los costes de las tecnologías solares y eólicas se han reducido considerablemente durante la última década, su instalación continúa requiriendo inversiones iniciales importantes.
Olli-Pekka Kuusela, investigador del Instituto Mundial de Investigación en Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-WIDER), explicó a Noticias ONU que los países con menores recursos suelen afrontar condiciones de financiación mucho más desfavorables.
Los elevados intereses de los préstamos pueden encarecer los proyectos renovables y dificultar su puesta en marcha, incluso cuando las tecnologías utilizadas resultan económicamente competitivas.
En este contexto, los bancos de desarrollo podrían desempeñar un papel decisivo mediante la concesión de financiación con intereses más reducidos. La cuestión adquiere especial relevancia en regiones donde millones de personas todavía carecen de acceso a servicios energéticos básicos.
En África subsahariana, más de 500 millones de habitantes siguen sin electricidad. Para estas comunidades, ampliar el acceso a un suministro fiable no solo representa una oportunidad para reducir la dependencia de fuentes contaminantes, sino también para impulsar nuevas actividades industriales, mejorar los servicios y desarrollar sistemas de transporte público eléctrico.
De este modo, la transición energética aparece vinculada a un desafío más amplio de desarrollo sostenible y reducción de las desigualdades.
La COP31 también puso de manifiesto la necesidad de preparar las infraestructuras energéticas frente a los impactos del calentamiento global.
Las sequías, por ejemplo, pueden reducir considerablemente la generación hidroeléctrica y comprometer el abastecimiento de electricidad en aquellos países que dependen de esta fuente. Kuusela recordó el caso de Zambia, donde una sequía intensa provocó una caída de la producción hidroeléctrica, obligando a aplicar cortes y restricciones en el suministro.
Según el investigador, diversificar las fuentes de generación mediante la incorporación de energía solar y fortalecer las conexiones eléctricas con los países vecinos podría contribuir a reducir el riesgo de interrupciones similares. La modernización de las redes también forma parte de las prioridades de Naciones Unidas, que impulsa el Acelerador Global de Redes para facilitar nuevas inversiones y acelerar la expansión y mejora de estas infraestructuras.
Las discusiones de Antalya reflejan así que la transición energética mundial no depende exclusivamente de instalar más paneles solares o aerogeneradores. También exige transformar las redes de distribución, movilizar recursos financieros accesibles, adaptar las infraestructuras a los fenómenos climáticos extremos y acompañar a los países en sus diferentes procesos de transformación económica.
El reto que emerge de esta segunda jornada de la COP31 es convertir los compromisos internacionales en cambios efectivos, evitando que las dificultades financieras y tecnológicas dejen atrás a las comunidades y economías con menos recursos.
