La transparencia empresarial ha ganado terreno entre las principales compañías cotizadas de España, aunque todavía existe una distancia considerable entre comunicar la existencia de mecanismos de control y demostrar que realmente funcionan. Así lo advierte la edición 2026 del informe Transparencia y buen gobierno de las prácticas de compliance de las empresas del IBEX 35, elaborado por la Fundación Haz con el apoyo de ASCOM, que identifica avances significativos en la rendición de cuentas, pero también debilidades relacionadas con la evaluación de resultados, la autonomía de los responsables y la capacidad de aprendizaje de las organizaciones.
El estudio sitúa el cumplimiento medio de los estándares de transparencia en el 62% y confirma una evolución positiva respecto a 2021. En aquel momento, el 31% de las empresas analizadas se encontraba en la categoría de opacas, una proporción que actualmente se ha reducido al 3%. Se trata de una disminución de 28 puntos porcentuales en cinco años que refleja una mayor disposición de las grandes corporaciones a hacer públicas sus políticas de integridad y buen gobierno.
No obstante, los resultados también ponen de manifiesto que disponer de códigos éticos, canales de denuncia y procedimientos de prevención no garantiza, por sí solo, una gestión eficaz de los riesgos empresariales.
La clasificación elaborada por la Fundación Haz sitúa a ACS, Iberdrola e Inditex en las primeras posiciones, con 31 puntos sobre un máximo de 34, equivalentes al 91% de cumplimiento. A continuación aparecen Enagás, con 30 puntos y un 88%, y Acerinox, con 27 puntos y un 79%.
En conjunto, 13 compañías alcanzan la categoría de transparentes, reservada a aquellas que superan el 65% de los indicadores evaluados. Otras 21 se sitúan en el nivel de translúcidas, mientras que ArcelorMittal es la única empresa clasificada como opaca, al no alcanzar el 32% de cumplimiento.
La comparación histórica permite dimensionar el cambio. En la primera edición del estudio, publicada en 2021, únicamente el 8% de las empresas podía considerarse transparente. Cinco años después, la mayoría ha incorporado prácticas de divulgación que permiten conocer mejor sus estructuras de control y prevención de incumplimientos.
Uno de los avances más relevantes se encuentra en la publicación de información básica. Actualmente, todas las compañías del IBEX 35 hacen público su código ético o de conducta y comunican sus principales riesgos de incumplimiento, junto con las medidas diseñadas para prevenirlos. Este último indicador alcanza por primera vez el 100%.
Asimismo, el 91% ofrece información completa sobre su programa de cumplimiento normativo, el 94% publica los procedimientos de gestión de su canal ético y el 86% identifica adecuadamente al responsable de esta función y proporciona información sobre las actividades formativas.
Estas cifras muestran que la transparencia formal está ampliamente extendida. Sin embargo, la cuestión central ya no es únicamente conocer qué instrumentos existen, sino disponer de información suficiente para valorar su funcionamiento y sus efectos reales.
El informe de 2026 introduce cambios metodológicos destinados a elevar las exigencias de transparencia. La revisión responde a la publicación de la norma ISO 37302:2025, una guía internacional orientada a evaluar la eficacia de los sistemas de cumplimiento normativo o compliance.
La investigación conserva sus cinco ámbitos de análisis: políticas y procesos, responsable de cumplimiento, formación y concienciación, canal ético y órgano de gobierno. También mantiene sus 17 indicadores, aunque modifica dos de ellos para examinar con mayor profundidad la capacidad de las organizaciones para corregir errores y mejorar sus procedimientos.
Las novedades afectan al indicador 4.3, que analiza las actuaciones derivadas de las comunicaciones recibidas a través del canal ético, y al 5.2, centrado en la información que debe proporcionar el comité de auditoría o el órgano competente sobre la supervisión del sistema. Este cambio de enfoque permite identificar una de las principales debilidades del gobierno corporativo: la escasez de evidencias públicas sobre la evaluación de la eficacia de los mecanismos de control.
Aunque el 71% de las compañías informa de manera completa sobre la supervisión realizada por el comité de auditoría o la comisión correspondiente, y otro 23% lo hace parcialmente, los resultados empeoran cuando se examina la evaluación de la eficacia presentada ante el consejo de administración.
En este ámbito, únicamente ACS acredita plenamente el cumplimiento del indicador. Otras cinco empresas, equivalentes al 14%, lo hacen de forma parcial, mientras que 29 compañías, el 83%, no alcanzan el estándar establecido.
Los mecanismos internos para plantear consultas y comunicar posibles irregularidades constituyen otro de los ámbitos donde se observa una diferencia entre la existencia de procedimientos y la transparencia sobre sus consecuencias. Según la Fundación Haz, el 94% de las empresas publica información completa sobre la gestión de sus canales éticos y el 72% comunica adecuadamente las consultas y denuncias recibidas.
Sin embargo, cuando se analiza qué sucede después de estas comunicaciones, la información disponible resulta considerablemente más limitada. Solo el 6% de las compañías cumple plenamente el nuevo indicador que examina las actuaciones adoptadas a partir de las denuncias y consultas. Un 57% alcanza un cumplimiento parcial.
Aunque numerosas organizaciones comunican la aplicación de sanciones disciplinarias, medidas correctivas o decisiones contractuales, son muchas menos las que explican cómo esas situaciones contribuyen a modificar sus controles internos, actualizar la formación de sus equipos, revisar riesgos o mejorar la planificación.
Iberdrola e Inditex son las únicas empresas cuya información permite acreditar íntegramente este estándar ampliado. La conclusión es relevante para la calidad del buen gobierno empresarial: comunicar la resolución de una incidencia no equivale necesariamente a demostrar que la organización ha aprendido de ella y ha introducido cambios para evitar que vuelva a producirse.
La investigación también identifica carencias en la información relativa a las personas y equipos encargados de garantizar el cumplimiento normativo. Si bien el 86% de las empresas identifica adecuadamente a su responsable de compliance, apenas el 6% publica información completa sobre el presupuesto y los recursos humanos asignados a esta función.
Esta falta de información dificulta conocer con qué medios cuentan los departamentos responsables para desarrollar sus tareas y ejercer sus competencias dentro de la organización. A ello se suma que únicamente el 34% de las compañías acredita plenamente la participación del consejo de administración o de alguna de sus comisiones en el nombramiento y destitución del responsable de cumplimiento.
La publicación de informes anuales específicos también continúa siendo minoritaria. Aunque el porcentaje de empresas que divulga estos documentos ha aumentado del 11% al 20%, todavía son pocas las que ofrecen públicamente una visión sistemática de la actividad desarrollada por sus áreas de cumplimiento.
En consecuencia, el reconocimiento institucional de esta función no siempre viene acompañado de información suficiente sobre su autonomía, sus recursos o los mecanismos mediante los cuales rinde cuentas.
Otro de los aspectos examinados es la preparación de los profesionales y órganos de dirección para prevenir incumplimientos y promover una cultura empresarial basada en la integridad. En términos generales, el 86% de las compañías cumple completamente los requisitos de transparencia sobre formación en cumplimiento normativo.
También se registra una evolución positiva en las actividades de concienciación, cuyo nivel de cumplimiento alcanza el 74%, catorce puntos porcentuales por encima del resultado de 2025. No obstante, esta mejora no se reproduce con la misma intensidad en los máximos órganos de gobierno.
La formación específica de los consejos de administración continúa siendo una de las principales asignaturas pendientes. Solo el 8% de las empresas satisface íntegramente el indicador correspondiente, mientras que el 46% lo cumple parcialmente y otro 46% no alcanza los requisitos establecidos. El problema identificado no reside necesariamente en la ausencia de actividades formativas, sino en la insuficiente información pública sobre sus contenidos y, especialmente, sobre la participación de los consejeros.
Esta situación limita la posibilidad de conocer hasta qué punto los órganos encargados de supervisar la gestión empresarial disponen de formación específica para ejercer sus responsabilidades en materia de cumplimiento.
Los resultados del informe dibujan un escenario de avances importantes, pero también de nuevas exigencias para las empresas cotizadas. La publicación de políticas, procedimientos y estructuras de supervisión se ha convertido en una práctica habitual, mientras que la divulgación de resultados concretos y procesos de mejora sigue siendo limitada.
Desde la Fundación Haz consideran que la evolución de los últimos cinco años demuestra la capacidad de las compañías para adaptarse a estándares de transparencia cada vez más exigentes. Sin embargo, sostienen que el siguiente paso debe centrarse en proporcionar información que permita evaluar la utilidad real de los mecanismos implantados.
Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Haz y coautor del estudio, destaca que la reducción de la opacidad del 31% al 3% constituye un avance significativo. Al mismo tiempo, señala que ahora las empresas deben explicar mejor qué aspectos revisan, qué aprendizajes obtienen y qué decisiones adoptan para fortalecer sus sistemas de cumplimiento.
El informe plantea así una cuestión fundamental para el futuro del buen gobierno corporativo en España: la transparencia no puede limitarse a demostrar que existen normas y procedimientos, sino que debe permitir conocer cómo se aplican, qué resultados ofrecen y de qué manera contribuyen a mejorar la gestión empresarial.
En un contexto en el que la integridad, la responsabilidad y la rendición de cuentas forman parte de las expectativas sobre las grandes compañías, el desafío consiste en transformar la información corporativa en una herramienta que permita valorar no solo los compromisos asumidos, sino también su eficacia.
La edición 2026 de la investigación de la Fundación Haz y ASCOM confirma que las principales empresas españolas han avanzado considerablemente en la primera parte de ese recorrido. La siguiente etapa será demostrar, con información verificable, que sus mecanismos de prevención, supervisión y corrección funcionan y evolucionan de manera continua.
