
La transición ecológica avanza en las empresas españolas, pero no todas lo hacen a la misma velocidad ni con el mismo nivel de ambición. Cada vez son más las organizaciones que incorporan compromisos ambientales a su actividad, apuestan por las energías renovables o introducen criterios de sostenibilidad en sus compras. Sin embargo, transformar esas intenciones en resultados medibles continúa siendo una asignatura pendiente.
Así lo refleja el informe ODS, Año 11: una década de sostenibilidad empresarial y la recta final hacia 2030, elaborado por el Pacto Mundial de la ONU España a partir de su consulta empresarial sobre desarrollo sostenible de 2026. El estudio, que alcanza su quinta edición y se realiza cada dos años, recoge las respuestas de 1.955 organizaciones de diferentes tamaños, sectores y características.
Sus conclusiones dibujan un escenario de avances significativos, especialmente en la reducción de emisiones y la gestión de recursos, pero también ponen de manifiesto que las herramientas necesarias para garantizar una transformación ambiental profunda todavía tienen una implantación limitada.
Uno de los cambios más destacados se observa en los compromisos de descarbonización. En apenas dos años, el porcentaje de organizaciones que han asumido formalmente el objetivo de reducir sus emisiones de dióxido de carbono ha pasado del 40% al 59%, un incremento de 19 puntos porcentuales.
También se ha consolidado la medición de la huella de carbono correspondiente a los alcances 1 y 2, que incluyen las emisiones directas de la actividad empresarial y las indirectas asociadas a la energía adquirida. Actualmente, el 56% de las organizaciones calcula estos impactos, el doble que en 2020, cuando lo hacía el 28%.
El uso de energías renovables constituye otra de las prácticas más extendidas. Según los datos del Pacto Mundial de la ONU España, el 52% de las empresas recurre a estas fuentes, mediante instalaciones de autoconsumo o adquisición de energía certificada, frente al 47% registrado en 2024.
La eficiencia energética alcanza igualmente al 52% de las organizaciones, una proporción similar a la de hace dos años. Por su parte, el 47% aplica procesos vinculados a la economía circular, un porcentaje que permanece estable desde 2024. Este modelo, basado en aprovechar mejor los materiales y reducir los residuos, también permite optimizar recursos y disminuir costes operativos.
Otros ámbitos muestran una evolución especialmente positiva. Las medidas para utilizar el agua de manera más eficiente han pasado del 32% al 44%, mientras que la evaluación ambiental de proveedores ha aumentado del 31% al 42%.
En paralelo, el 63% de las organizaciones ya incorpora criterios de sostenibilidad en su cadena de suministro, bien en determinadas contrataciones o como condición general de sus procesos de compra. Estos resultados reflejan una ampliación progresiva de la gestión ambiental empresarial, que comienza a extenderse más allá del consumo energético y las emisiones propias.
Pese a esta evolución, el informe identifica una brecha considerable entre la adopción de compromisos generales y la puesta en marcha de instrumentos capaces de garantizar su cumplimiento. El ejemplo más evidente aparece en la planificación climática. Aunque casi seis de cada diez organizaciones se comprometen a reducir sus emisiones, únicamente el 10% dispone de un plan de transición climática que establezca objetivos, calendarios e inversiones para conseguirlo.
La medición de las emisiones indirectas de alcance 3 también continúa siendo minoritaria. Solo el 24% de las organizaciones calcula la huella de carbono asociada al conjunto de su cadena de valor, frente al 20% de 2024. Este indicador resulta especialmente complejo porque requiere recopilar información procedente de proveedores y otros agentes externos.
La transparencia ambiental presenta dificultades similares. Apenas el 14% de las empresas somete su comunicación sobre cuestiones ambientales a una verificación independiente, un procedimiento que permite comprobar la fiabilidad de los datos y las afirmaciones difundidas.
A ello se suma la escasa implantación de programas de formación en competencias verdes, presentes en el 18% de las organizaciones. Estas capacidades son fundamentales para que las plantillas puedan incorporar los objetivos ambientales a sus tareas cotidianas.
Todavía más reducida es la presencia de procesos de transición justa, que apenas alcanza al 5%. Se trata de iniciativas orientadas a evitar que la transformación hacia una economía baja en carbono perjudique a las personas trabajadoras, por ejemplo, mediante formación y adaptación profesional ante los cambios en determinados empleos.
La existencia de políticas ambientales corporativas también revela diferencias entre las declaraciones generales y los compromisos específicos. Actualmente, el 67% de las organizaciones cuenta con una política medioambiental de carácter general, frente al 55% de 2024. Sin embargo, cuando se analizan ámbitos concretos, los porcentajes disminuyen considerablemente.
Solo el 19% dispone de una política específica de economía circular, un indicador incorporado por primera vez a esta consulta. Las políticas centradas en cambio climático alcanzan al 18%, mientras que las relacionadas con movilidad sostenible están presentes en el 16%.
La biodiversidad ocupa la última posición, con apenas un 9% de organizaciones que cuentan con una política específica en esta materia. Esta diferencia pone de relieve que, aunque la sostenibilidad comienza a integrarse en las estructuras empresariales, todavía queda camino por recorrer para traducirla en objetivos definidos y actuaciones adaptadas a cada ámbito ambiental.
Otro de los aspectos relevantes del estudio es la desigual capacidad de respuesta entre grandes compañías, pequeñas y medianas empresas y profesionales autónomos. Las diferencias resultan especialmente visibles en la medición de emisiones. Mientras que el 84% de las grandes empresas calcula su huella de carbono de alcance 1 y 2, el porcentaje desciende al 47% entre microempresas y pymes y al 25% entre autónomos.
La distancia aumenta al analizar las emisiones de alcance 3: el 49% de las grandes compañías realiza esta medición, frente al 15% de las pequeñas y medianas organizaciones y apenas el 7% de los trabajadores por cuenta propia. También existen diferencias en la formalización de políticas ambientales. El 81% de las grandes empresas dispone de una estrategia general en esta materia, mientras que la proporción se sitúa en el 62% entre microempresas y pymes y en el 42% entre autónomos y autónomas.
El informe señala que esta desigualdad se reproduce igualmente en la implantación de energías renovables, las medidas de eficiencia energética y la elaboración de planes de transición climática, ámbitos en los que las grandes organizaciones mantienen una posición más avanzada.
Los datos publicados por el Pacto Mundial de la ONU España muestran que la sostenibilidad ambiental ha ganado presencia en las decisiones empresariales durante los últimos años. El crecimiento de los compromisos de reducción de emisiones, la mayor atención al consumo de agua y la incorporación de criterios ambientales en las relaciones con proveedores son señales de esa evolución.
Sin embargo, el diagnóstico también evidencia los límites de este progreso. La escasez de planes de transición climática, la reducida verificación independiente de la información ambiental y las dificultades para medir las emisiones de toda la cadena de valor muestran que asumir compromisos no equivale necesariamente a disponer de los mecanismos para cumplirlos.
A medida que se aproxima 2030, horizonte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, el desafío para el tejido empresarial español no consiste únicamente en ampliar el número de organizaciones comprometidas con el medioambiente, sino también en fortalecer la planificación, la medición y el seguimiento de sus actuaciones. La conclusión que deja el estudio es clara: las empresas españolas avanzan en sostenibilidad, pero el verdadero reto sigue siendo transformar las promesas ambientales en cambios concretos, medibles y sostenidos en el tiempo.