La transparencia sigue siendo una asignatura pendiente para buena parte de la universidad privada española. Aunque estas instituciones desempeñan un papel relevante en la formación superior, la información que ponen a disposición de la ciudadanía continúa siendo insuficiente para conocer cómo se gestionan, quién controla sus decisiones y de qué manera utilizan sus recursos económicos.
Así lo pone de manifiesto el decimotercer Examen de transparencia 2026. Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades privadas españolas, elaborado por la Fundación Haz. Según sus conclusiones, únicamente el 15 % de los centros evaluados obtiene la calificación de transparente, mientras que el 55 % permanece en la categoría de opaco y el 30 % restante se considera translúcido.
En cifras absolutas, de las 40 instituciones examinadas, seis alcanzan el nivel más alto de transparencia, doce presentan un cumplimiento intermedio y veintidós no ofrecen información suficiente. La distribución es idéntica a la registrada el año anterior y el cumplimiento medio de los indicadores se sitúa en el 59 %.
El estudio aclara que sus resultados no constituyen una valoración de la calidad de la enseñanza, la situación financiera o la eficiencia de las universidades. Sin embargo, advierte de que la ausencia de información pública dificulta que estudiantes, familias y otros grupos de interés puedan evaluar adecuadamente su funcionamiento.
Entre las instituciones que cumplen los estándares exigidos se encuentran la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), ESIC, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), la Universidad de Navarra, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad de Vic-Central de Catalunya (UVic-UCC).
Por el contrario, entre las universidades clasificadas como opacas figuran centros de amplia presencia en el panorama educativo español, como IE University, la Universidad Alfonso X el Sabio, la Universidad Europea de Madrid, CUNEF y la Universidad Pontificia Comillas.
El análisis de la Fundación Haz comprende diez áreas y 28 indicadores que permiten examinar el grado de apertura informativa de las universidades. Los resultados reflejan diferencias significativas entre los distintos ámbitos de gestión.
En términos generales, las instituciones ofrecen información accesible sobre sus titulaciones, los servicios dirigidos al alumnado y sus principales resultados. También se observan progresos en la publicación de planes estratégicos, cuyo cumplimiento alcanza el 70 %, así como en la disponibilidad de herramientas vinculadas a la ética y el cumplimiento normativo. No obstante, la transparencia de los órganos de gobierno continúa presentando importantes limitaciones.
Aunque el 90 % de las universidades publica sus estatutos y el 65 % dispone de un código ético, únicamente el 40 % identifica correctamente a la persona o unidad responsable de supervisar su cumplimiento. Asimismo, solo la mitad cuenta con un canal ético para comunicar posibles irregularidades.
Para la Fundación Haz, la existencia de estos instrumentos resulta insuficiente cuando no se acompaña de mecanismos claros que permitan conocer quién garantiza su aplicación y cómo pueden notificarse los posibles incumplimientos.
Las dificultades también aparecen al analizar la toma de decisiones. Si bien las 40 universidades identifican a los integrantes de sus órganos de gobierno, solo el 45 % proporciona información adecuada sobre su titularidad real y apenas nueve instituciones, el 23 %, publican las actas o los acuerdos adoptados.
Esta falta de publicidad limita el conocimiento sobre los procesos internos de decisión y reduce las posibilidades de supervisión por parte de los grupos de interés.
Uno de los aspectos más relevantes del informe es la relación entre la naturaleza jurídica de las instituciones y sus niveles de transparencia.
Las universidades cuya titularidad corresponde a fundaciones obtienen los mejores resultados, con un cumplimiento medio del 67 %. Les siguen las vinculadas a la Iglesia, con un 61 %, y las cooperativas, que alcanzan el 55 %.
La situación cambia entre las instituciones gestionadas por sociedades mercantiles, donde el cumplimiento desciende al 49 %. De las quince universidades de este tipo incluidas en el estudio, ninguna consigue la máxima calificación y once son consideradas opacas.
El informe presta especial atención a la necesidad de identificar a los propietarios reales y hacer públicas las políticas de remuneración. La ausencia de estos datos puede dificultar la detección y supervisión de posibles conflictos de interés.
Esta cuestión adquiere particular importancia en las universidades participadas por grupos empresariales o fondos de inversión, donde, según advierte la Fundación Haz, los intereses económicos y las expectativas de rentabilidad podrían entrar en tensión con los objetivos académicos.
La transparencia sobre la propiedad y las decisiones de gobierno se convierte, por tanto, en una herramienta fundamental para reforzar la confianza institucional y garantizar una adecuada rendición de cuentas.
La dimensión económica continúa siendo el ámbito con mayores carencias. Lejos de mejorar, la publicación de documentación financiera ha disminuido respecto a la edición anterior del estudio.
Los datos muestran que únicamente seis universidades, el 15 % del total, hacen públicos sus presupuestos. Nueve instituciones, equivalentes al 23 %, difunden sus estados financieros, mientras que solo cinco, el 13 %, publican la memoria de cuentas anuales. Por su parte, otras seis, el 15 %, facilitan información sobre sus auditorías externas.
Solo tres universidades —UIC, UOC y UVic-UCC— cumplen íntegramente los cuatro indicadores de transparencia económica establecidos por la Fundación Haz.
Estas deficiencias tienen consecuencias para la rendición de cuentas. Sin acceso a la documentación financiera, resulta más difícil conocer el patrimonio de las instituciones, identificar sus fuentes de financiación, analizar el destino de los recursos y valorar la sostenibilidad económica de sus proyectos educativos.
La publicación de estos datos constituye, además, un elemento esencial para comprender cómo se administran organizaciones que desarrollan una actividad de interés social como la educación superior.
Otra de las principales conclusiones del estudio está relacionada con la información que ofrecen las universidades sobre las oportunidades laborales de sus titulados.
En esta edición, la Fundación Haz ha reforzado los requisitos del indicador de empleabilidad con el objetivo de mejorar la actualidad, precisión y verificabilidad de los datos publicados.
El nuevo criterio exige informar anualmente del porcentaje de personas graduadas que trabajan en España doce meses después de finalizar sus estudios. Además, las cifras deben acompañarse de información metodológica que permita comprobar su fiabilidad, como el tamaño de la muestra utilizada y la tasa de respuesta.
Los resultados evidencian una carencia generalizada: ninguna de las 40 universidades privadas analizadas consigue cumplir plenamente estas condiciones. Catorce instituciones presentan información que satisface parcialmente los requisitos, mientras que las veintiséis restantes no alcanzan el nivel exigido.
La Fundación Haz precisa que este resultado no implica un empeoramiento de la inserción laboral de los titulados, ya que el estudio no analiza sus tasas reales de empleo. Lo que pone de manifiesto es la insuficiente calidad y verificabilidad de la información que las universidades ofrecen públicamente sobre esta cuestión.
Los resultados del informe dibujan un escenario de avances parciales que todavía no se traducen en una mejora general de la transparencia universitaria.
Mientras la publicación de información académica, planes estratégicos y determinados instrumentos éticos muestra una evolución favorable, persisten obstáculos para conocer aspectos fundamentales de la gestión institucional, especialmente los relacionados con la propiedad, las decisiones de gobierno y la situación económica.
El estancamiento de los resultados globales pone de relieve la necesidad de avanzar hacia modelos de gobernanza universitaria más abiertos, verificables y responsables ante la sociedad.
En un sector que forma parte del sistema educativo y cuya actividad tiene importantes repercusiones sociales, facilitar información completa y accesible no solo contribuye a fortalecer la confianza pública, sino que permite a los distintos grupos de interés tomar decisiones mejor fundamentadas.
El diagnóstico de la Fundación Haz deja así una conclusión: la transparencia de las universidades privadas españolas continúa siendo un reto estructural y la rendición de cuentas sigue lejos de consolidarse como una práctica generalizada en el sector.
