Sin embargo, lo que se presenta como un avance civilizatorio para la protección del planeta, también está levantando una nueva generación de barreras no arancelarias que amenazan con restringir el acceso a los mercados, especialmente para los países y productores en desarrollo.
El Efecto Colateral de la Ética Verde
Históricamente, los aranceles eran la principal herramienta para regular y proteger los mercados. Hoy, las barreras son más sutiles y técnicas, camuflándose bajo legítimos objetivos de política pública: proteger la salud, la seguridad y el medio ambiente.
Las normas de sostenibilidad—que abarcan desde la medición de la huella de carbono hasta los requisitos de "libre de deforestación" o las certificaciones de pesca sostenible —, exigen a los exportadores adaptar sus procesos productivos. Para las grandes corporaciones en países desarrollados, esta adaptación suele ser un costo manejable; para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de economías emergentes, puede ser una barrera insuperable.
El Riesgo de la Asimetría: "Las normas ambientales aplicadas por algunos países podrían ser inapropiadas y tener un costo económico y social injustificable para otros países, especialmente para los países en desarrollo," advierten organismos internacionales.
El cumplimiento exige:
* Costos de Certificación Elevados: Contratar auditores, implementar nuevos sistemas de trazabilidad y obtener sellos de calidad puede disparar los gastos operativos.
* Limitaciones Tecnológicas: Muchos productores en desarrollo carecen de la infraestructura y el capital para adoptar tecnologías de producción limpia o agricultura de precisión.
* Dificultad de Adaptación Regulatoria: La proliferación y constante complejización de los requisitos, como las distintas metodologías para la medición de la huella de carbono, obligan a una adaptación constante que desborda la capacidad de gestión de muchos exportadores.
De la Intención a la Restricción: Ejemplos Concretos
Un ejemplo claro se observa en los mercados más exigentes como la Unión Europea. Sus normativas ambiciosas, como la propuesta de Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) o los requisitos de importación de productos "libres de deforestación", buscan promover prácticas sostenibles globales. Sin embargo, al penalizar importaciones con altas emisiones o provenientes de áreas sin trazabilidad perfecta, pueden convertirse en un proteccionismo disfrazado que favorece a los productores locales que ya cumplen o tienen los medios para adaptarse.
Incluso en el sector privado, las grandes cadenas de supermercados imponen sus propios estándares de compra basados en sostenibilidad. Un exportador de pescado, por ejemplo, puede haber cumplido todos los requisitos públicos del país de destino (aranceles y medidas sanitarias), pero si no posee una certificación de pesca sostenible privada exigida por el supermercado, queda automáticamente excluido de un segmento significativo del mercado.
El Desafío de la Equidad Comercial
El debate no reside en suavizar las normas ambientales —pues la protección del medio ambiente es un objetivo político legítimo— sino en garantizar que su aplicación sea justa, transparente y no discriminatoria.
La clave está en distinguir entre la protección legítima y la ventaja competitiva encubierta. Si las normas de sostenibilidad no se aplican de forma justa, corren el riesgo de perpetuar la desigualdad comercial al dejar fuera a quienes más necesitan el acceso a mercados internacionales para financiar su propia transición hacia la sostenibilidad.
Es fundamental que los acuerdos de comercio internacional y los organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) refuercen los mecanismos se asistencia técnica y facilitación para que los países en desarrollo puedan cumplir con los estándares. De lo contrario, las normas que prometen un futuro sostenible para el planeta podrían terminar restringiendo el progreso económico de quienes ya enfrentan mayores desafíos.
