La economía circular suele explicarse como un conjunto de buenas prácticas ambientales: reducir, reutilizar, reciclar. Es una forma útil de ordenar ideas, aunque a menudo deja fuera una cuestión esencial para muchos territorios: si esa circularidad genera empleo estable, si abre oportunidades profesionales reales y si contribuye a sostener el tejido productivo allí donde más se necesita.
En un país con desequilibrios territoriales persistentes, conviene observar la sostenibilidad desde una pregunta concreta: qué modelos permiten crecer sin aumentar la presión sobre los recursos y, al mismo tiempo, crean trabajo cualificado en el entorno local. En ese cruce entre medioambiente y economía, la gestión avanzada de residuos, y en particular de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), ofrece un ejemplo especialmente ilustrativo.
“Creemos que la economía circular puede convertirse en una herramienta real para dinamizar territorios si se vincula a proyectos que generen empleo, impulsen nuevas capacidades y conecten a las comunidades con un modelo productivo más sostenible”, señala Luis García-Torremocha, CEO de Movilex.
El RAEE es el residuo de una economía intensiva en tecnología. Electrodomésticos, equipos informáticos y dispositivos electrónicos concentran materiales valiosos, pero también componentes que requieren un tratamiento riguroso. Gestionarlos de forma responsable implica procesos industriales complejos, controles técnicos y personal cualificado. Cuando esa gestión se hace bien, deja de ser un gesto simbólico para convertirse en una actividad productiva con peso propio.
Ese carácter industrial explica por qué este sector puede actuar como motor de empleo local. No depende de temporadas ni de picos coyunturales de demanda. Se apoya en flujos constantes de residuos y en procedimientos estables que necesitan equipos humanos formados. No solo para operar instalaciones, sino para garantizar que los materiales se clasifican, se tratan y se valorizan conforme a criterios técnicos y ambientales exigentes.
Cuando una actividad de este tipo se implanta en un municipio, el impacto va más allá del balance ambiental. Cambia la estructura del mercado laboral local. En Lobón, un municipio de Badajoz con 2.734 habitantes, una planta dedicada al reciclaje de RAEE emplea a 54 personas. En términos relativos, es una cifra significativa: sostiene ingresos estables para decenas de familias y contribuye a dinamizar la vida económica del entorno. Además, introduce perfiles profesionales que antes no tenían un espacio claro en la economía local.
La misma lógica, con escalas distintas, se repite en otros territorios. En El Pont de Vilomara i Rocafort, en la provincia de Barcelona, un municipio de 4.139 habitantes, una instalación de estas características cuenta con 11 trabajadores. En Sollana, en Valencia, con 5.039 habitantes, la plantilla asciende a 37 personas. No se trata de comparar cifras, sino de identificar un patrón: proyectos de economía circular que se integran en municipios pequeños y medianos, generan empleo directo y refuerzan el tejido productivo sin exigir infraestructuras desproporcionadas.
Conviene detenerse también en la naturaleza de ese empleo. El sector del RAEE no se limita a tareas manuales. La automatización de procesos y la complejidad del tratamiento de materiales demandan perfiles técnicos cada vez más diversos: operadores de sistemas de clasificación, personal especializado en desmontaje y separación, técnicos de procesos, especialistas en valorización de componentes y profesionales vinculados al control de calidad, la trazabilidad y el cumplimiento normativo. Son ocupaciones asociadas a las llamadas competencias verdes, con potencial para convertirse en itinerarios laborales estables si se acompañan de formación adecuada.
La formación, en este contexto, no es un complemento accesorio. Es una condición necesaria para que la transición ecológica sea viable y tenga recorrido. Cuando un proyecto industrial ligado a la economía circular incorpora acciones formativas y de sensibilización, el impacto se amplía: mejora la empleabilidad local, facilita la incorporación de nuevos perfiles y favorece que la comunidad entienda y asuma esa actividad como parte de un modelo productivo responsable.
Conviene evitar una visión idealizada: la economía circular no resuelve por sí sola los retos del territorio. Existen desafíos logísticos, necesidades de inversión y exigencias regulatorias que condicionan su desarrollo. Sin embargo, ofrece una vía concreta para avanzar en una dirección razonable: desplegar actividad económica alineada con la sostenibilidad, crear empleo técnico y fortalecer economías locales con proyectos que tienden a quedarse donde se implantan.
Si la transición ecológica aspira a ser justa, debe notarse en el día a día de los municipios. No solo en indicadores agregados o en discursos institucionales, sino en oportunidades reales para trabajar, formarse y construir futuro. En ese punto de encuentro entre industria, sostenibilidad y comunidad, la economía circular empieza a demostrar que puede ser mucho más que una palabra bienintencionada: puede ser una forma de desarrollo local con impacto tangible.
