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Las medianas y pequeñas empresas adscritas a la directiva, contarán con una serie de facilidades, como consecuencia de la adopción unas normas específicas por parte de la European Commission, para impulsar su trazabilidad y sostenibilidad en los procesos. Los primeros meses del 2023 han traído consigo numerosos avances en la transformación de las empresas hacia modelos de negocio más responsables. La entrada en vigor el pasado 3 de enero de la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), supuso un paso significativo hacia la construcción de una economía más verde y sostenible.
La actualización de la normativa CSRD: un paso más hacia un futuro empresarial sostenible

Ahora esta normativa se actualiza, en aras de afianzar el compromiso empresarial con la sostenibilidad y las buenas prácticas. Así, el último consejo de ministros ha acordado abrir a audiencia pública el texto del anteproyecto de ley por el que se regula el marco de la información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza.

En este contexto, uno de los principales retos de la Unión Europea, se centra en acompañar a las entidades a alinearse con los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) propuestos por Naciones Unidad. Así, el órgano europeo ha integrado dichos objetivos en seis grandes prioridades que se materializan en estrategias y planes de acción sobre biodiversidad, economía circular o igualdad de género, todo con una meta común: que Europa sea el primer continente en alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

Con la implantación de este cambio en la directiva las empresas deberán mantenerse firmes en su compromiso con la transición justa hacia la sostenibilidad, aportando mayor transparencia de la información para ciudadanos, consumidores e inversores. En este sentido, tendrán la responsabilidad de preparar el conjunto de la información financiera y de sostenibilidad de acuerdo con un formato electrónico único obligatorio, con el objetivo de avanzar hacia la digitalización de datos a nivel europeo y la información que presenten las empresas será objeto de verificación, bien por un auditor de cuentas o por un prestador independiente de servicios de verificación.

El nuevo texto, que ahora extiende el ámbito de aplicación a todas las empresas cotizadas y también entidades financieras, excluye a microempresas y se implantará de manera escalonada. De esta manera el órgano europeo se asegura de una asimilación correcta por parte de las entidades destinatarias.

Por nimio que pueda parecer, se trata de un avance relevante en el camino hacia la sostenibilidad, pero sigue siendo esencial plantearnos preguntas acerca de lo que sucede en otros terrenos como por ejemplo el tecnológico. ¿Qué pasa con los productos que las empresas usan en su día a día: ordenadores, móviles, ¿vehículos…? ¿Dónde van a parar todos estos gadgets cuando una compañía decide renovar sus equipos? La donación suele ser una solución habitual, pero la realidad es que no es la opción más sostenible, ya que, pese a que a través de la donación se les da una segunda vida a los dispositivos, no fomenta la economía circular, ya que la realidad es que muchos de ellos acaban en basureros de países en vías de desarrollo, generando a la larga, un impacto muy negativo en el planeta.

Esta actualización de la normativa supone un paso en firme para dejar atrás el modelo insostenible de consumo “take-make-waste y avanzar hacia otros más circulares y responsables como es el pago por uso. Este modelo de consumo – mucho más sostenible y que brinda absoluta trazabilidad- supone la única alternativa para las organizaciones en un entorno legislativo cada vez más exigente.

Las instituciones públicas avanzan con paso firme y constante para lograr una legislación cada vez más comprometida con el medio ambiente. En este punto, las empresas tienen la oportunidad de garantizar su existencia futura realizando un cambio consciente hacia modelos de consumo sostenibles como el pago por uso, ya que, si no, estarán condenadas a desaparecer.

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