Cerrar la brecha: Las fronteras de las violencias de género post pandemia

Sophie tomó a sus dos hijos y dejó Haití con la certeza de que su realidad podía cambiar. Se despidió de sus hermanos y hermanas, de su abuelo, de sus amigas y sus primos, sabiendo que probablemente esa sería la última vez que les viera.

Había estudiado Administración, tenía su propio emprendimiento en Puerto Príncipe, y migró a Argentina buscando una vida digna para ella y sus niños. Como aprendió español muy rápido, pocas semanas después de arribar a Córdoba consiguió trabajo. Atiende un restaurante de día y por las noches, mientras los niños duermen, realiza trabajos de costura.

Las mujeres representan el 50% de los 244 millones de personas migrantes y la mitad de los 19,6 millones de personas refugiadas en el mundo. En los  países de Latinoamérica, la migración se encuentra integrada a la identidad de sus pueblos. Desde hace décadas, en Argentina, el flujo migratorio incluye principalmente a bolivianos, paraguayos y peruanos. 

En los últimos años, los países de América Latina han registrado un creciente proceso de feminización de los flujos migratorios. Esto significa que migran más mujeres que varones en busca de una vida libre de violencias y con acceso a derechos fundamentales a los que no han podido acceder en otros países. En el caso de Argentina, las mujeres migrantes representan más de la mitad de las personas migrantes.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) recogía en su artículo 13 “el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”.

La pandemia de Covid-19 agravó las desigualdades e impactó de lleno en las mujeres. Las migrantes sufrieron las consecuencias por partida doble, fueron ellas quienes se encontraban en la línea de fuego, trabajando en sectores esenciales como la salud, el cuidado de personas, la limpieza. Para ellas las políticas de aislamiento no fueron una alternativa posible, y así se vieron doblemente expuestas: al contagio y al riesgo de caer en la pobreza.   

Para miles de mujeres en todo el mundo, la pandemia significó la pérdida de empleo, la profundización de la precarización laboral. El hogar no fue el lugar más seguro para las mujeres que se encontraban en situación de violencia de género. Las políticas de aislamiento social impidieron que muchas de ellas pudiesen pedir ayuda y las expuso a situaciones de múltiples violencias, incluyendo las sobrecargas en las tareas de cuidado y la dificultad de acceso a la justicia.

Quizás fue este escenario extremo el que habilitó la emergencia de una problemática largamente sostenida por las mujeres y disidencias, la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidado, del trabajo que históricamente ha sido invisibilizado en pos de garantizar las condiciones de sostenibilidad del sistema capitalista y patriarcal.

Uno de los compromisos que emergen este 25 de noviembre tiene que ver sin dudas con esto último, la deuda con las mujeres y diversidades en la post pandemia. ¿Cuántas pusieron el cuerpo y se vieron doblemente vulnerabilizadas? ¿Cuántas sufrieron violencia física, cuántas fueron víctimas de femicidio? ¿Cuántas mujeres perdieron el trabajo o se encontraron trabajando en la línea de fuego contra el Covid-19? ¿Cuántas intentaron migrar y fueron perseguidas, criminalizadas?

De acuerdo a un informe publicado por ONU Mujeres en pandemia, no sólo sufrieron el impacto de la crisis las mujeres, sino que los daños se extendieron a sus familias. “Ante la pérdida de más de 495 millones de empleos desde el inicio de la pandemia —muchos de ellos en el sector de los servicios, que da empleo a un 74 % de las mujeres migrantes—, las familias que dependen de estas remesas están atravesando una situación de mayor vulnerabilidad”, expresa el reporte. Se calcula que unas 100 millones de mujeres migrantes envían remesas a sus países cada año y sólo 22 % de las trabajadoras migrantes del mundo cuentan con protección social.

Con las fronteras cerradas, miles de mujeres migrantes quedaron literalmente varadas y sin empleo, sin siquiera poder abandonar los países donde trabajaban. Frente a este escenario, se encontraron más expuestas a la violencia sexual y de género, a la vulnerabilidad económica e incluso al riesgo de ser víctimas de la trata de personas.

Según reveló un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las relaciones de trabajo de muchos trabajadores migrantes “fueron suspendidas o terminadas sin previo aviso a medida que se propagaba la pandemia, dejándoles sin una fuente de ingresos”. “Estos trabajadores a menudo se encontraron atrapados debido a las restricciones de viaje y el cierre de fronteras y también excluidos, directa o indirectamente, de los paquetes de prestaciones de seguridad social relacionados con la COVID 19 que se pusieron a disposición de los trabajadores nacionales”, amplía el reporte.

La peor parte se la llevaron las mujeres. “La seguridad de ingresos y la protección social de que disfrutan muchas mujeres trabajadoras migrantes son más limitadas que las prestaciones a las que tienen derecho el promedio de hombres trabajadores migrantes”, afirma el informe. Esto se debe a “la brecha salarial de género persistente y al hecho de que las mujeres migrantes trabajan desproporcionadamente en empleos más precarios, inseguros e informales. Las mujeres también tienen más probabilidades de experimentar violencia en el lugar de trabajo y las trabajadoras migrantes experimentan dificultades a la hora de acceder a la atención de salud sexual y reproductiva y a la protección social, en particular cuando realizan trabajo doméstico como internas”.

¿Qué rol asumieron las empresas multinacionales, los empleadores, y los Estados? ¿Qué desafíos se avecinan frente a una crisis global sin precedentes en la historia reciente? El Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de Eliminación de las Violencias de Género que se conmemora a nivel mundial este 25 de noviembre encuentra a miles de mujeres defendiendo sus trabajos, sus tierras, fortaleciendo redes para afrontar junto a otras mujeres, las violencias a las que se ven expuestas en sus espacios de trabajo, en sus casas. Miles de mujeres están saliendo a las calles, en Chile, en Colombia, como ya lo han hecho en Argentina o en México, para reclamar en medio de una marea verde por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, por el derecho a una salud integral. Cientos de mujeres campesinas, defensoras ambientales del sur global están levantando las banderas contra el cambio climático, reclamando medidas urgentes que den respuestas a problemáticas urgentes como el acceso al agua segura, a una vida libre de agrotóxicos, en defensa de sus territorios, de sus comunidades.

Este 25 de noviembre el desafío es inmenso, la deuda es pandémica. Y es con todas ellas.

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