Según la encuesta, realizada por YouGov en nueve países en la UE, más del 80 por ciento de los ciudadanos en España quieren una legislación firme que responsabilice a las empresas de las violaciones de los derechos humanos y daños ambientales en el extranjero. Además, las víctimas de estos abusos deben poder llevar a las compañías responsables ante los tribunales en Europa.
Los resultados de España de la encuesta indican que:
Los resultados de la encuesta son abrumadores y denotan una mayor concienciación de la ciudadanía española por contar con un sector empresarial que respete los derechos humanos y el medio ambiente. También evidencian un fuerte apoyo a favor de que se legisle para proteger a los trabajadores, las personas y al planeta frente a las malas prácticas empresariales.
Esta preocupación de la ciudadanía está cuajando en nuestro entorno y la UE y varios países miembros ya se han puesto manos a la obra. La UE está trabajando en la futura directiva sobre “Gobierno Corporativo Sostenible”, una nueva ley de debida diligencia ambiental y derechos humanos, que se aplicaría a las cadenas de suministro de todas las empresas que operan en la UE. Pero no solo la UE está tomando cartas en el asunto, países como Francia, Alemania y Noruega, ya han legislado en este sentido. Otros, como Austria, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica o Finlandia tienen procesos en marcha. Al mismo tiempo, el trabajo desarrollado por estos países les sitúa en mejor posición para influir en los procesos de desarrollo de normas en el seno de la UE sobre empresa y derechos humanos o del Tratado Internacional de Naciones Unidas.
En España, una coalición de organizaciones de sociedad civil, Plataforma por las Empresas Responsables, está trabajando para dar voz a la ciudadanía española e impulsar una ley de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales que establezca requisitos claros, sólidos y exigibles a las empresas españolas y a las empresas extranjeras que operan en España. Una ley que:
Según Isabel Tamarit, responsable del trabajo de incidencia sobre empresas y derechos humanos del Observatorio de RSC y persona que actualmente coordina la Plataforma por las Empresas Responsables, “Es hora de que España aborde sin dilación, antes del fin de esta legislatura, la promesa que los dos partidos en el Gobierno hicieron en sus programas electorales de llevar a cabo una Ley Nacional de Debida Diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales. La regulación en esta materia no es el debate (ya que se producirá por transposición europea), la cuestión es si España quiere tener voz e incluso liderar en Europa la promoción de los derechos humanos y su compromiso con la sostenibilidad".
