No es de extrañar que las preocupaciones de la ciudadanía vayan por delante de la acción y políticas del gobierno y que tarden en tener respuesta. Este es el caso de la creciente preocupación de los españoles sobre la necesidad de regular los impactos que sobre los derechos humanos y el medioambiente provocan empresas irresponsables. Mientras estamos a la espera de que la Comisión Europea (CE) anuncie el borrador de una nueva ley de debida diligencia ambiental y derechos humanos antes de que termine el año 2021, hemos conocido los resultados de una reciente encuesta a la ciudadanía europea que muestra un apoyo contundente a favor de una legislación de la Unión Europea (UE) que responsabilice a las empresas por violaciones de derechos humanos y daños ambientales.
