La salud, la libertad y la justicia forman parte del debate actual. La mayoría aspiramos a vivir con libertad en una sociedad más sana y justa. Sin embargo, cada día convivimos con viejas y nuevas formas de violencia que limitan la libertad. Por ello debemos afrontar este desafío, hoy mejor que mañana.
La violencia asaltó el Capitolio de Washington, se ha apoderado –aún más- de Afganistán o controla a los disidentes del gobierno de Rusia o Venezuela amenazando la idea de justicia que las democracias liberales -con su estado del bienestar- han ido construyendo no desde hace tanto tiempo.
Pero la violencia también la percibimos en la intimidad de las parejas a través de la violencia de género, la cual crece entre los más jóvenes sobre la ola de algunas redes sociales y expresiones musicales; La percibimos en la intimidad de la familia con otro fenómeno creciente como es la violencia filio parental que angustia a padres y madres; Y la percibimos en la intimidad de la persona con la violencia contra uno mismo. Cuatro mil suicidios al año en España provocaron una manifestación el sábado frente al Ministerio de Sanidad bajo el lema Stop Suicidios.
Sin duda son muchos los factores que influyen sobre estos y otros fenómenos violentos como los delitos de odio. Entre dichos factores quiero llamar la atención sobre los problemas de salud mental que sufre la población en general y, muy en particular, la población menor. A este respecto me gustaría resaltar tres ideas.
La primera es que la salud mental es uno de los grandes desafíos para esta década a escala global tal y como reconoce la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y también a escala nacional tal y como pone de relieve un reciente estudio de ANAR, el cual señala que las ideaciones y tentativas de suicidio entre adolescentes se han incrementado en casi un 250%.
La segunda es que la dimensión actual de esta necesidad la convierte en una nueva demanda social para la que no existe la oferta adecuada. Es decir, existe una brecha significativa entre las necesidades y los recursos. Por tanto, cerrarla debe formar parte de la agenda política. Habrá quien encuentre aquí una nueva excusa para echar leña al fuego del debate entre lo público y lo privado, pero creo que lo sensato es echar leña al fuego de la colaboración en un objetivo compartido. Propongo hacer frente a este reto sumando esfuerzos entre las empresas dedicadas a la salud, las administraciones públicas tanto sanitarias como de protección y el sector social, conformado por asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones.
La última y tercera idea es que -como en tantas otras cosas- la pandemia ha acelerado el ritmo al que crece esta nueva demanda social, pero ni la ha provocado ni desaparecerá espontáneamente con el final de las dramáticas consecuencias que el coronavirus y las restricciones nos han provocado como sociedad. Por el contrario, debe formar parte de las nuevas políticas necesarias junto a las de sostenibilidad y digitalización porque la persona es lo primero. No cabe duda de que también forma parte de las nuevas industrias creadoras de empleo de calidad.
En consecuencia, si aspiramos a un futuro en el que podamos vivir en libertad, con salud y en una sociedad justa, resulta inaplazable responder al desafío que representa crear el sistema de salud mental que necesitamos. Salud mental para todos, pero muy en especial para una juventud que ha vivido en tan poco tiempo dos crisis que han mermado sus expectativas personales y profesionales.
