Hace unos días, en el estreno de la nueva temporada de su programa “Salvados”, Jordi Évole desveló una realidad por la que pasan muchos españoles, en concreto 1 de cada 5. Este número refleja las personas afectadas por la depresión. Es un dato que contiene más información de la que nos llega. La razón es que hablar de salud mental es enfrentarse a un desconocimiento generalizado de sus causas, consecuencias, implicaciones, incluso del significado en sí mismo de salud mental. Así mismo, pudimos comprobar que la depresión es un tema tabú, rodeado de estigma, pese a afectar actualmente a alrededor de 2,5 millones de españoles.
La salud mental como estrategia para la sostenibilidad económica de España.

La depresión es ya la causa principal de discapacidad a nivel mundial. Más de 300 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por este trastorno del estado de ánimo, y cerca de 800.000 de estos casos acaban en suicidio, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se calcula además que desde el año 2005 el porcentaje de personas que sufren de depresión ha aumentado más del 18%.

Estas cifras son alarmantes. Y lo son aún más si tenemos en cuenta el coste psicosocial del sufrimiento, el estigma y la falta de recursos, pero también lo que supone para un país ocuparse económicamente de sus consecuencias. En España los trastornos mentales y las enfermedades neurológicas tienen un impacto en la economía que es equivalente al 8% del PIB, más de 84.000 millones de euros. Esta cifra supera al gasto público en sanidad, lo que pone de manifiesto la insuficiencia de la inversión para hacer frente a las necesidades de la población. Un análisis más profundo del conjunto de costes generados por las diferentes patologías revela que el 33% de estos gastos están asociados a costes indirectos. Hablamos de pérdida de productividad laboral, discapacidad crónica, etc.

Es un problema estructural, como se pone en evidencia con estos datos. No sólamente hay un estigma en la esfera privada, aún más preocupante es el hecho de que desde la esfera pública no se considera aún una prioridad a abordar. Resulta inapelable la necesidad de un nuevo planteamiento de la estrategia de actuación y la relocalización de los fondos para una atención eficaz y asequible en vez de dedicar los actuales recursos a paliar la carencia de esta.

Ya no hablamos únicamente de la situación individual de las personas afectadas, hablamos de la situación económica de un país completo. Aludiendo a la investigación realizada por uno de los más ilustres economistas de la London School of Economics, Lord Richard Layard, la falta de acción en el área de salud mental es más costosa que cualquier plan de actuación. La inversión en salud mental beneficia el desarrollo económico de un país. En España cada euro invertido en la prevención o el tratamiento de la depresión o la ansiedad (los dos trastornos más extendidos entre la población), conduce a un retorno de 4 euros en mejor salud y habilidades para el mercado laboral.

Como respuesta a esta situación, se esbozan desde hace años cuáles deberían ser los focos de interés primordiales a trabajar de forma sistémica. Junto con la patente urgencia en el incremento en la inversión pública para crear una figura eficaz del psicólogo general sanitario capaz de cubrir la demanda actual en atención primaria, hay un área que ha perdido terreno paulatinamente desde los años 70. Las estrategias de prevención tienen la capacidad de llegar a un mayor segmento de población con costes mucho menores. Con un énfasis en generar recursos para promover la educación acerca de los potenciales factores de riesgo y promover las fortalezas, las intervenciones de carácter preventivo y la promoción del bienestar psicológico han demostrado su eficacia en la reducción de muchas enfermedades de carácter físico, de los perjuicios derivados y de la mortalidad producida por ellas.

Cuidar la salud mental de un país es rentable, incluso si nos reducimos a un punto de vista meramente económico. Cuando esta problemática tiene un coste tan alto, tanto emocional y social como económico, parece evidente la importancia de liberar recursos adicionales para afrontar la demanda de costes asociados a una mala salud mental entre la población. La inversión en bienestar en un país como España no es, por lo tanto, una cuestión con meras implicaciones éticas, sociales o psicológicas; también es clave para potenciar una sostenibilidad económica con un impacto positivo en los ciudadanos.

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