En los últimos años, he criticado en numerosas ocasiones la falta de actividad y de ambición de la Comisión Europea, y en particular de la Comisaria responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bieńkowska, en materia de responsabilidad social de las empresas (RSE). Lamento, profundamente, que se no haya emprendido ninguna iniciativa de peso en estos últimos años y que se eche por tierra el liderazgo que la Unión Europea ha ejercido en la precedente década
España y la Directiva europea de información no financiera

Pero, lamento aún más que cuando las instituciones europeas acuerdan una normativa para aplicar las políticas de la Unión Europea sean los Estados los que entorpecen su entrada en vigor retrasando la trasposición a su derecho interno. Pues eso, justamente, es lo que está sucediendo en España con la trasposición de la Directiva europea 2014/95 sobre divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, que debería haber estado traspuesta el pasado 6 de diciembre, cuando espiraba el plazo de la Comisión Europea. Esta Directiva establece que las grandes empresas que sean entidades de interés público y que, en sus fechas de cierre del balance, superen el criterio de un número medio de empleados superior a 500 durante el ejercicio, incluyan en el informe de gestión información sobre cuestiones no financieras relacionadas con el medio ambiente y los derechos laborales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.

Es cierto que la situación política interna española del pasado año, con un gobierno en funciones desde octubre de 2015 hasta enero 2017, produjo un retraso en la transposición, no solo de esta Directiva, sino de una veintena de Directivas europeas. Pero han pasado seis meses y el Gobierno sigue mirando para otro lado, omitiendo el debate y empeñado en realizar la trasposición mediante Real Decreto y no mediante un Proyecto de Ley, para tener así un mayor margen para la voluntariedad o discrecionalidad de las empresas a la hora de realizar estos informes.

Es incomprensible la actitud del Gobierno del PP, que paraliza inexplicablemente el primer marco regulatorio internacional del reporte en sostenibilidad con el objetivo de incrementar la transparencia entre las empresas europeas en materia no financiera, precisamente cuando España tiene ya una larga tradición en el reporte de información extrafinanciera. ¿Hasta cuándo este bloqueo del PP y esta dejadez en el cumplimiento de sus obligaciones europeas? Espero que el gobierno cambié pronto de actitud y traiga al Parlamento una propuesta de ley con un ámbito de aplicación amplio y efectivo y que adapte la información no financiera material y relevante a cada sector.

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