Hace un par de meses, Peabody Coal, el mayor productor privado de carbón del mundo, declaró la mayor bancarrota de un productor de energía debido en gran parte al desplome del precio del carbón. El sector del carbón atraviesa la mayor crisis en décadas, ya que Peabody Coal es sólo una de las cinco productoras de carbón que se han declarado en bancarrota desde 2011. Los analistas financieros han atribuido esta crisis en la industria en parte a causas medioambientales: por un lado a una mayor regulación para reducir los gases de efecto invernadero y por otro, a una menor demanda del carbón en favor de otros combustibles más bajos en carbono.
Aunque las razones de estas compañías para declararse en bancarrota son complejas, lo que ha pasado sirve como indicador para mostrar el creciente riesgo al que se enfrentan las empresas del sector debido a aspectos relacionados con el cambio climático. Cuando estos riesgos no son abordados, se produce la devaluación de sus activos de transición, o “Stranded Assets”, las compañías fracasan y los inversores pierden dinero.
Es, por lo tanto, vital para la comunidad de inversores incorporar el riesgo climático al análisis del riesgo financiero y reputacional. De hecho, el sector ya cuenta con un historial de compromiso con este tema como muestra tanto el hecho de que casi 850 inversores institucionales piden a las compañías que publiquen sus emisiones al CDP como la creación y desarrollo de comunidades de inversores centradas en determinar el riesgo climático. Es más, más de 120 compañías han firmado el compromiso de Montreal, comprometiéndose a medir y publicar anualmente la huella de carbono de sus carteras de inversión.
Calcular la huella de carbono de toda la cartera de inversión permite entender el nivel de exposición al riesgo climático debido a carbono inemitible de las inversiones. Dicho análisis requiere que se calcule el desempeño en términos de carbono de las inversiones con respecto a varios escenarios de cambio climático para entender cuál es su contribución y la magnitud de cambio requerida y de esa manera determinar el riesgo al que se expone la organización.
La incorporación y cuantificación de criterios ISR está tomando cada vez mayor relevancia. Francia es el primer país que obliga a calcular la huella de carbono de las inversiones en el sector financiero. La legislación, introducida en 2015, es ahora efectiva y será de obligado cumplimiento en el período de informes de 2016. Se deberá informar, además, sobre cómo consideran aspectos medioambientales en la toma de decisiones, así como los riesgos físicos y legislativos a los que se enfrentan y las oportunidades que pueden surgir de inversiones en industrias bajas en carbono o de energía renovable. También se requiere a aquellos inversores que posean o gestionen más de €500 millones de activos a cuantificar su contribución al cambio climático (por ejemplo, calculando sus emisiones) y a explicar cómo su estrategia se alinea con los objetivos climáticos internacionales. Los inversores deberán ahora fijar objetivos, medir su desempeño y proporcionar justificaciones en el caso que los objetivos no fueran cumplidos.
Es probable que otros países, como España, sigan la senda de Francia, especialmente después del acuerdo de París y los objetivos nacionales de reducción de carbono. Esto requerirá legislación más estricta, impuestos sobre el carbono y una serie de estrategias para lograr los objetivos fijados a nivel nacional. De hecho, la Comisión Europea está considerando requerir a fondos de inversión de particulares que reporten cuál es su enfoque de ISR (Inversión Socialmente Responsable).
La transición a una inversión baja en carbono no ha hecho más que empezar.
