Bosques arrasados, calor sofocante y récords de temperatura que se baten una y otra vez. Este verano nos está dejando claro lo que ya sabíamos: la lucha contra el cambio climático no puede esperar más. Reducir las emisiones de metano es aumentar nuestra calidad de vida. Este gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el CO2 podría tener un impacto especialmente rápido, ya que permanece en la atmósfera solo unos diez años. La Unión Europea ya lo tenía claro hace dos años, cuando adoptó un Reglamento dedicado a reducir las emisiones de metano en el sector energético, donde hasta un 70% podría reducirse con tecnología que ya existe hoy. España respalda esta ambición y ha dejado claro que no quiere que se dé marcha atrás, apoyando así la estrategia de la Comisión.
Desde ECODES estamos convencidos que este marco es clave, precisamente porque pide al sector energético medir, reportar y reducir sus emisiones de metano, tanto en la producción europea como en las importaciones de petróleo y gas. A diferencia de otras medidas climáticas, que exigen grandes inversiones o transformaciones estructurales, ésta es de las que casi se pagan solas: cerrar una fuga y vender el gas que antes se perdía es, a la vez, buen negocio y buena política climática. De hecho, un 30% de las emisiones podrían reducirse sin coste, o incluso con beneficios. Se trata también de mejorar nuestra calidad de vida, reforzar nuestra seguridad energética y garantizar que las decisiones sobre nuestro futuro se toman aquí, de acuerdo con nuestros propios intereses.
La industria ya está actuando de manera voluntaria a través del OGMP 2.0, un programa de la ONU que busca medir y reducir las emisiones de metano en el sector de la energía. Es precisamente una de las transformaciones que la Unión Europea pretende acelerar mediante la regulación. Que las empresas clave del sector ya estén actuando es una buena noticia: según un estudio de Rystad Energy, se prevé que en 2027 el suministro que ya cumple con la normativa supere en más de tres veces los requisitos de importación de la UE.
Y, sin embargo, la propia industria sigue actuando como el personaje defractor del Reglamento. ¿Cómo se puede explicar si ya conocen el problema, ya se está actuando sobre él e incluso van a beneficiarse? El argumento que más repiten para justificar esta oposición es la seguridad de suministro. Pero los datos apuntan en la dirección contraria.
El cierre del estrecho de Ormuz ha provocado una disrupción de los mercados energéticos que no se había visto en años, con precios del gas y del petróleo disparados. Es este tipo de shocks geopolíticos, y no el Reglamento, lo que realmente pone en riesgo el suministro europeo. De hecho, según la propia Agencia Internacional de la Energía, aplicar las medidas de reducción de metano ya existentes permitiría recuperar, a largo plazo, el doble del gas afectado por el cierre del estrecho de Ormuz. Lejos de ser un obstáculo, el Reglamento es parte de la solución a la crisis de suministro que la industria dice temer.
Los ataques repetidos de la industria y de los países exportadores de combustibles fósiles resultan reveladores: no es el Reglamento lo que temen, sino lo que representa: un paso más hacia una Europa menos dependiente de los combustibles fósiles.
España, como en tantas ocasiones en materia de transición ecológica, ha optado por avanzar y ha pedido que no se modifique el Reglamento. La Comisión, por su parte, ha resistido las presiones para descartarlo por completo, pero ha mostrado menos ambición de la esperada: su recomendación de retrasar tres años la aplicación de las sanciones deja entrever hasta qué punto ha calado la presión de la industria. Esto es algo que no nos podemos permitir con todo lo que nos está cayendo: hay que actuar con toda la ambición posible y hacerlo ahora.
Mientras tanto, la implementación empieza a dar sus primeros pasos sobre el terreno. Se ha establecido un marco claro, y quedan desafíos para aplicarlo de forma eficiente. Desde luego, volver atrás nunca será la solución. Cada día que retrasamos soluciones clave para la lucha contra el cambio climático es tiempo que no tenemos. Dos años después, lo que necesitamos no es debilitar el Reglamento, sino acelerar su aplicación.
