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La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno obliga a las administraciones públicas a difundir información relevante y actual sin que la ciudadanía se la solicite. Pero sólo ciertas disposiciones de la ley se aplican a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas con subvenciones públicas de más de 100.000 € o cuando al menos un 40% de sus ingresos anuales provienen de fondos públicos, siempre que alcancen 5.000 € de cantidad mínima

Transparencia Internacional España en su evaluación básica del nivel de transparencia que publican los partidos políticos en 2015 concluía que habían mejorado su nivel de transparencia y apertura informativa; especialmente y de forma necesaria los que han firmado Convenios de transparencia y contra la corrupción con TI-España. Para que los partidos hayan podido firmar estos Convenios han tenido que acreditar un notable nivel de transparencia respecto a los criterios de evaluación establecidos por TI-España (http://transparencia.org.es/evaluacion-transparencia-partidos-politicos-2015). 

Sin embargo, según acaba de publicar la Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (Acreditra) la percepción de los ciudadanos sobre los partidos políticos en 2016 sigue siendo negativa. Los 1440 encuestados en todas las Comunidades Autónomas de España también valoran los principales partidos estatales, destacando en el ranking IU en primera posición (3,2) y el PP en última (1,9), en un escenario en el que todos los partidos políticos suspenden con unas valoraciones de transparencia muy bajas (C´s 3, Podemos 2,9, PSOE 2,4) cuya media es de un 2,7 sobre 10 (http://acreditra.com/barometro-de-la-transparencia-de-espana-2016).

Por tanto, aunque la última evaluación de Transparencia Internacional España en 2015 reflejaba una mejora sustantiva de la transparencia básica de los partidos; el estudio de percepción elaborado por la Acreditra viene a llamar la atención de que los partidos políticos necesitan seguir mejorando en transparencia. A quienes investigamos y trabajamos en desarrollar  la transparencia del sector público no nos queda otra que complementar el análisis de la demanda y oferta de transparencia de la ciudadanía y los grupos de interés; profundizar en los estudios de percepción y en los que analizan la oferta informativa real en materia de transparencia pública.

En cualquier caso, más allá de estudios y evidencias contrastadas o encuestadas, parece razonable pensar que la transparencia democrática es ante todo y sobre todo una cuestión de voluntad política, que debe estimularse por la propia reivindicación de la sociedad civil y de una ciudadanía que se involucre de forma activa en la gestión de los intereses generales y los recursos públicos. La pasividad ante el suspenso reiterado en materia de transparencia de los partidos, en cuanto que son las organizaciones representativas del pluralismo político, solo sirve para agudizar aún mas las propias dolencias de nuestro Estado social, democrático y de derecho.  

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