Hace tiempo que Europa ya no es bastión de nada. La crisis económica y de confianza ha minado la imagen y los ánimos del viejo continente y en el ámbito de la RS esto es si cabe más evidente. El pasado 23 de enero se presentaba en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la décima edición del Anuario de Sostenibilidad de RobecoSAM y KPMG Internacional que dejaba claro- a juzgar por el mapa de concesión de “medallas” al buen desempeño en Sostenibilidad- que Europa poco tiene ya que enseñar al resto del mundo en materia de Responsabilidad Social.
Sin embargo, los países del norte de Europa siguen siendo una excepción, y en materia de Transparencia todavía tienen mucho que enseñar al resto de Europa. Dinamarca ha sido uno de los países pioneros en establecer una legislación concreta en materia de Responsabilidad Social, que establece, entre otras cuestiones, la obligación para las grandes compañías de informar acerca de su acción responsable, y el pasado mes de diciembre Noruega anunció en la Conferencia Internacional sobre la Responsabilidad Social de las Empresas en Oslo una nueva ley basada en el Principio "Informar o explicar" que exige a las empresas reportar su desempeño en sostenibilidad o explicar por qué no lo hacen.
Por su parte, Dinamarca adoptó ya en 2009 una ley mediante la cuál se requería a las compañías más grandes del país a divulgar sus esfuerzos corporativos de responsabilidad social. La ley, aprobada por una gran mayoría del parlamento danés, hizo obligatorio para las compañías públicas y privadas, así como para los inversores públicos, la inclusión de información sobre RSC en sus reportes financieros anuales. Las compañías danesas están obligadas a incluir las políticas de la compañía sobre RSC o sus inversiones socialmente responsables, la forma en que tales políticas se aplican en la práctica y los resultados obtenidos, así como las expectativas de las gerencias para el futuro con respecto a la RSC y su inversión.
Y a pesar del debate que innegablemente se genera en torno a la intervención o no intervención del Estado en estos casos, el caso danés entraña aspectos muy positivos: alentar a las empresas a comprometerse con la RSC de una forma real, tangible, alejada del maquillaje corporativo y conseguir implementar uno de los valores más demandados y más difíciles de conseguir en el escenario económico: la transparencia.
No debe olvidarse tampoco que para muchos expertos el problema de la frágil implantación de la RSC en el escenario económico de muchos países europeos- España, sin ir más lejos-radica precisamente en su carácter de “soft law”, supeditado a la buena voluntad de sus gestores. Mientras que para sus detractores, el hecho de regular en demasíe el entorno de la Responsabilidad Social atenta contra su propia naturaleza jurídica, contra el concepto mismo de compromiso recogido en la propia palabra ( re-spondere), para otros es requisito inexcusable para vencer el cortoplacismo, para comunicarse de forma eficaz con los stakeholders y para comenzar a cultivar de nuevo, en suma, el yermo territorio en que se ha convertido el panorama productivo europeo tras la crisis. El debate está sobre la mesa y las exigencias sociales y económicas serán probablemente, como en muchas otras ocasiones, las que inclinen la balanza en una u otra dirección.
