Un kilovatio hora que deja de consumirse puede tener un valor más allá de la reducción de la factura energética. Esa es una de las claves del Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), un instrumento implantado en España para reconocer los ahorros conseguidos después de realizar actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética.
Según la información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), cuyas preguntas frecuentes sobre el sistema fueron actualizadas el 13 de agosto de 2026, un CAE es un documento electrónico que reconoce de forma fehaciente un nuevo ahorro anual de energía final. Cada certificado tiene un valor único de 1 kilovatio hora (kWh).
La particularidad del sistema es que permite acreditar los resultados de determinadas inversiones en eficiencia energética y convertir esos ahorros en certificados. La normativa establece además que los CAE tienen la consideración de bienes muebles y pueden ser objeto de compraventa o liquidación mientras permanezcan vigentes. Para ser válidos deben estar inscritos en el Registro Nacional de CAE.
De este modo, una actuación que reduzca el consumo energético puede generar un beneficio que va más allá del propio ahorro de energía. El sistema crea un mecanismo mediante el cual ese resultado puede reconocerse y transferirse, incentivando así la puesta en marcha de medidas de eficiencia.
El propietario original del ahorro puede ser una persona física o jurídica, pública o privada, que haya realizado la inversión destinada a conseguirlo. La regulación contempla asimismo la cesión de ese ahorro a terceros dentro de las condiciones establecidas por el sistema.
El Sistema de CAE se estableció mediante el Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, y fue desarrollado posteriormente por la Orden TED/815/2023. Su creación introdujo una alternativa para que determinados sujetos obligados puedan cumplir parte de sus obligaciones anuales de ahorro de energía final mediante la liquidación de certificados, en lugar de hacerlo exclusivamente a través de aportaciones económicas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
Entre esos sujetos obligados se encuentran las empresas comercializadoras de gas y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor y los operadores de gases licuados del petróleo al por mayor.
El objetivo de fondo es fomentar una economía que utilice los recursos energéticos de manera más eficiente y que, como consecuencia, pueda ganar también en competitividad. Los ahorros reconocidos deben proceder de inversiones en actuaciones de eficiencia energética y cumplir las metodologías previstas por la normativa.
El sistema no consiste simplemente en declarar que se ha consumido menos energía. La normativa incorpora procedimientos para verificar, validar y registrar los ahorros antes de la emisión de los correspondientes certificados.
En este proceso intervienen los verificadores de ahorro energético, entidades acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), encargadas de comprobar los ahorros conseguidos mediante las actuaciones de eficiencia energética. Posteriormente, los expedientes pasan por los procedimientos de validación establecidos y los certificados emitidos se incorporan al Registro Nacional de CAE.
Este registro, gestionado por la Dirección General de Política Energética y Minas del MITECO, permite garantizar la validez de los certificados y mantener la trazabilidad de las operaciones realizadas con ellos.
Los certificados tampoco tienen una duración ilimitada. De acuerdo con la regulación vigente, son válidos desde su inscripción en el Registro Nacional hasta que hayan transcurrido tres años desde la finalización de la actuación que generó el ahorro o hasta el 1 de enero de 2031, lo que ocurra antes. Una vez expirados, ya no pueden venderse ni liquidarse.
El desarrollo de los CAE introduce así un incentivo adicional para invertir en eficiencia: la energía que se consigue no consumir puede ser acreditada y adquirir valor dentro de un sistema regulado.
La eficiencia energética ocupa, además, un lugar relevante dentro de la transición ecológica española. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 enmarca la transformación energética como una oportunidad para modernizar la economía, reforzar la competitividad, crear empleo sostenible y reducir la dependencia energética exterior.
En ese contexto, los Certificados de Ahorro Energético incorporan una lógica sencilla pero significativa: la transición energética no depende únicamente de producir energía de manera más limpia. Consumir menos para obtener los mismos servicios también es una pieza fundamental, y reconocer económicamente ese ahorro puede ayudar a movilizar nuevas actuaciones de eficiencia en hogares, empresas, industrias y administraciones públicas.
