La escasez de agua se ha convertido en uno de los grandes desafíos ambientales y económicos del Mediterráneo español. Más allá de los periodos de sequía, la combinación de una fuerte demanda estacional, recursos subterráneos sometidos a presión y déficits de infraestructuras dibuja un problema que requiere planificación a largo plazo.
Los datos de la Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan el consumo medio doméstico en España en 128 litros por habitante y día, frente a los 151 litros registrados en la Comunitat Valenciana. Las cifras facilitadas por la Universidad Internacional de Valencia (VIU) muestran, sin embargo, una realidad muy diferente en determinados establecimientos turísticos de alta categoría: los hoteles de cinco estrellas alcanzan una media de 500 litros diarios, con máximos de entre 700 y 1.000 litros en temporada alta debido, entre otros factores, a jardines, piscinas y zonas de aguas.
La diferencia supone que el gasto asociado a un turista pueda situarse entre tres y siete veces por encima del correspondiente a un residente. En establecimientos de categoría superior de Palma de Mallorca se han documentado medias de 440 litros por plaza, con ratios similares en destinos como Granada y Tenerife.
Para Maribel Cerezo, directora del Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Ambiental de VIU, perteneciente a Planeta Formación y Universidades, reducir el diagnóstico únicamente al impacto del turismo impediría comprender el alcance del problema.
“No estamos ante una falta de agua en términos absolutos, sino ante una evidente mala gestión de los recursos y un déficit de infraestructuras”, sostiene Cerezo.
La especialista considera que la gestión ha quedado excesivamente condicionada por la evolución del clima, en lugar de apoyarse en una planificación estructural capaz de anticipar los momentos de mayor presión.
La llegada masiva de visitantes se concentra precisamente durante los meses en los que la recarga natural de los recursos hídricos es menor. Esta coincidencia obliga a algunos municipios a recurrir a soluciones extraordinarias para mantener el abastecimiento.
Entre ellas se encuentran los camiones cisterna. Cerezo los define como “un parche que traslada el coste al futuro”. Según la información aportada por VIU, municipios de Baleares como Banyalbufar, Estellencs, Esporles o Petra ya han experimentado cortes de suministro durante el verano mientras se mantenía la llegada de turistas.
Más preocupante resulta la situación de las aguas subterráneas. En Alicante, varios de sus 163 acuíferos presentan fenómenos documentados de intrusión salina. Entre ellos se encuentra el sistema del Vinalopó, recientemente declarado en sobreexplotación.
El mecanismo supone una amenaza de largo alcance: cuando se extrae más agua dulce de la que el acuífero consigue recuperar, el agua marina puede penetrar en las reservas subterráneas y aumentar su salinidad. El resultado es un deterioro del recurso que puede resultar prácticamente irreversible a escala humana.
La distribución de un recurso cada vez más sometido a presión también está alimentando conflictos entre territorios y sectores económicos. La legislación establece como prioridad el abastecimiento humano y doméstico frente a los usos industriales o recreativos.
Cerezo reclama, no obstante, evitar diagnósticos que enfrenten automáticamente a unos sectores con otros. A su juicio, no corresponde “criminalizar” a hoteles o campos de golf por su papel en la generación de empleo, pero tampoco considera aceptable que los agricultores soporten de manera recurrente los ajustes derivados de la escasez.
La experta de VIU apunta especialmente a las consecuencias para territorios agrícolas como Valencia y Murcia y advierte contra la utilización política de los recursos hídricos.
“No se puede hacer política con el agua”, afirma.
Uno de los focos de esta controversia es el trasvase Tajo-Segura y la reducción de los recursos disponibles asociada al incremento de los caudales ecológicos. Según el análisis de Cerezo, esta situación limita la interconexión de recursos, aumenta la presión sobre el sector primario y deriva parte de la respuesta hacia un mayor recurso a la desalación, con los costes que ello implica.
La tecnología y la mejora de las redes ofrecen alternativas para reducir la presión sobre los recursos disponibles. VIU señala el caso de Benidorm como ejemplo: durante los últimos 25 años, el municipio ha conseguido disminuir un 18 % su consumo de agua pese a registrar un incremento del 40 % de la población y del 26 % en las pernoctaciones.
El resultado se sustenta en una red que alcanza un 95 % de eficiencia y en la reutilización del 37 % del agua tratada para tareas como el riego y la limpieza.
También existe margen de actuación dentro de los propios alojamientos turísticos. Los sistemas de tratamiento mediante membranas y la reutilización de aguas grises —procedentes, por ejemplo, de duchas y lavabos— pueden disminuir entre un 30 % y un 45 % la utilización de agua potable, de acuerdo con los datos facilitados por VIU.
La desalación aparece como otra pieza de la respuesta, aunque Cerezo advierte de que debería reservarse para cubrir el déficit que no pueda resolverse mediante otras medidas debido tanto a su impacto ambiental como a su elevado consumo energético.
En este contexto se encuentran instalaciones como Alicante I y II, con una capacidad conjunta de 122.500 metros cúbicos diarios, o la planta de Torrevieja, con una capacidad situada entre 80 y 120 hectómetros cúbicos anuales. La especialista plantea que estas infraestructuras se dimensionen para cubrir las necesidades restantes y se abastezcan mediante energías renovables.
Garantizar redes eficientes no solo permite ahorrar agua. También tiene implicaciones para la salud pública. La pérdida de presión puede favorecer la entrada de contaminantes en las conducciones, mientras que el agua estancada puede crear condiciones propicias para la proliferación de patógenos como la Legionella, un riesgo documentado en instalaciones hoteleras.
La respuesta, por tanto, pasa por preparar las infraestructuras para escenarios de mayor escasez y mejorar el conocimiento en tiempo real de cómo se utiliza el recurso. Entre las herramientas señaladas se encuentran la trazabilidad del agua, la telemetría y los contadores inteligentes.
La necesidad de acelerar esa transformación adquiere especial relevancia ante las proyecciones europeas recogidas por VIU, que alertan de que la demanda global podría superar en un 40 % la oferta disponible hacia 2030.
Para Cerezo, el Mediterráneo dispone ya de buena parte de las soluciones técnicas necesarias. El desafío consiste en integrarlas en una estrategia estable que permita anticiparse a las crisis, mejorar las infraestructuras y repartir los recursos con criterios de largo plazo.
“El Mediterráneo no sufre por falta de soluciones técnicas, sino por un exceso de mala gestión política: es hora de dejar de jugar a la confrontación y gestionar cada embalse y cada gota con criterios de Estado”, concluye la directora del Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Ambiental de VIU.
