La transparencia en sostenibilidad de las grandes empresas españolas atraviesa un momento crítico. Según el último informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la calidad de la información que ofrecen las compañías del IBEX 35 no ha avanzado en el último año, en un contexto marcado por cambios regulatorios en Europa y una creciente demanda de datos fiables por parte de inversores y sociedad.
Tal y como recoge el estudio “La información sobre sostenibilidad en las empresas del IBEX 35”, presentado por el Observatorio de RSC, las empresas obtienen una puntuación media de 44,39 sobre 100, exactamente la misma que en 2023, lo que evidencia una falta de progreso en materia de transparencia .
Este análisis, centrado en el ejercicio 2024, coincide con la entrada en vigor de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (NEIS) y con el debate en la Unión Europea sobre posibles flexibilizaciones regulatorias dentro del llamado paquete Ómnibus. A ello se suma un escenario internacional complejo, condicionado por tensiones geopolíticas, crisis climática y volatilidad energética.
El Observatorio advierte de que la falta de avances llega en un momento especialmente delicado. La información corporativa en sostenibilidad ha dejado de ser un elemento accesorio para convertirse en un factor clave de competitividad, acceso a financiación y gestión de riesgos.
Sin embargo, los resultados muestran que la mayoría de las empresas aún están lejos de estándares adecuados: solo 13 compañías superan los 50 puntos sobre 100. Esto refleja que el conjunto del índice bursátil sigue sin consolidar prácticas robustas de rendición de cuentas.
Uno de los principales hallazgos del informe es la relación directa entre regulación y calidad informativa. Según explica el Observatorio, las mejoras se concentran en aquellos ámbitos donde las normas europeas son más claras y detalladas, mientras que la ambigüedad normativa tiende a frenar el avance.
En palabras del coordinador del estudio, Eduardo Soria, una regulación exigente y bien definida impulsa mejoras, mientras que su relajación puede traducirse en retrocesos en transparencia .
El área de buen gobierno es la que registra una evolución más positiva, pasando de 43 a 48 puntos. Este avance se vincula a una mayor información sobre el papel de los consejos de administración en la gestión de riesgos e impactos de sostenibilidad, así como a una mayor implicación de la alta dirección.
También se detectan progresos en los sistemas de denuncia, en línea con la normativa de protección de informantes. No obstante, el informe subraya que siguen existiendo importantes carencias en aspectos clave como los conflictos de interés, las puertas giratorias, las actividades de lobby o la información sobre sanciones y sistemas anticorrupción.
Por áreas temáticas, los resultados son desiguales. Mientras que los derechos laborales y la relación con clientes y consumidores presentan mejores puntuaciones, otros ámbitos estratégicos siguen rezagados.
La fiscalidad responsable y los derechos humanos obtienen las peores valoraciones, con 35 y 33 puntos respectivamente. En este último ámbito, el informe detecta avances limitados en políticas formales, pero una falta de implementación efectiva de procesos de debida diligencia, especialmente en la cadena de suministro.
Persisten así déficits en la identificación de riesgos, los mecanismos de reparación o la supervisión de impactos en comunidades y trabajadores, cuestiones especialmente sensibles en un contexto global marcado por conflictos y tensiones comerciales.
En el ámbito ambiental, la evolución es prácticamente plana, con un ligero aumento de 48 a 49 puntos. Las mejoras se concentran en cuestiones relacionadas con el cambio climático, las emisiones y la energía.
Sin embargo, el Observatorio señala importantes debilidades en aspectos como la coherencia de los datos, la relación entre riesgos y objetivos, o la información sobre biodiversidad, agua y calidad del aire. Además, la falta de metodologías homogéneas sigue dificultando la comparabilidad entre empresas.
El informe concluye con una advertencia clara: en un contexto de incertidumbre global, reducir las exigencias en materia de transparencia puede debilitar la capacidad de los mercados y de la sociedad para evaluar riesgos y oportunidades.
Desde el Observatorio de RSC se insta a las instituciones europeas y nacionales a mantener marcos regulatorios sólidos que garanticen una información útil, fiable y comparable. Como recuerda Eduardo Soria, el reto no es reducir la transparencia, sino eliminar burocracia innecesaria sin comprometer la calidad de los datos .
En un escenario marcado por la transición ecológica y la presión inversora, disponer de información rigurosa se perfila no solo como una obligación, sino como una ventaja competitiva clave para las empresas.
