La inseguridad en el acceso al agua, el saneamiento y la higiene sigue siendo uno de los grandes desafíos globales. Según detalla el nuevo enfoque de análisis impulsado por el sector humanitario, millones de personas continúan sin acceso a servicios básicos, en un contexto agravado por el cambio climático, los conflictos y los desplazamientos forzados. En este escenario, surge una herramienta clave para orientar la toma de decisiones: el WASH Insecurity Analysis (WIA), un marco que ya está transformando la planificación humanitaria, según informa UNICEF y el Global WASH Cluster.
A día de hoy, 2.100 millones de personas carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura, mientras que 3.400 millones no disponen de saneamiento adecuado y 1.700 millones no cuentan con servicios básicos de higiene. Esta situación se agrava especialmente en contextos frágiles, donde los menores de cinco años tienen hasta 20 veces más probabilidades de morir por enfermedades relacionadas con el agua.
Aunque en los últimos años se ha avanzado en la recopilación de datos —a través de encuestas, herramientas geoespaciales y evaluaciones multisectoriales—, el gran reto ha sido convertir esa información en decisiones claras y comparables. A diferencia de otros sectores como la seguridad alimentaria, el ámbito del agua y saneamiento carecía hasta ahora de una herramienta común para priorizar intervenciones.
El WASH Insecurity Analysis nace precisamente para cubrir ese vacío. Se trata de un marco analítico que combina distintos indicadores —acceso a servicios, impacto de amenazas, exposición a riesgos futuros y niveles de vulnerabilidad— para generar una puntuación que permite identificar las zonas más afectadas dentro de un país.
Este sistema facilita priorizar inversiones, mejorar la coordinación entre actores humanitarios y de desarrollo, y anticipar crisis en territorios especialmente vulnerables. Además, se basa en datos secundarios ya disponibles, lo que lo convierte en una herramienta flexible y coste-eficiente.
Desde 2022, el WIA se ha aplicado en once países, alcanzando a 34,6 millones de personas. Su impacto ya es visible: ha permitido orientar la asignación de aproximadamente 137 millones de dólares en financiación humanitaria y detectar con mayor precisión las áreas más desatendidas.
En países como Sudán del Sur o Mali, el análisis ha puesto de relieve profundas desigualdades territoriales, ayudando a focalizar recursos en las regiones con mayores carencias y reforzando la planificación dentro de los planes humanitarios nacionales.
La implementación de esta herramienta también ha evidenciado desafíos relevantes, como la falta de datos a nivel local, la necesidad de fortalecer capacidades institucionales o la importancia de generar consensos entre actores implicados. Sin embargo, la experiencia acumulada muestra que la colaboración entre gobiernos, organizaciones locales y agencias internacionales es clave para garantizar la utilidad del sistema y su apropiación a nivel nacional.
El reconocimiento del WIA como herramienta estándar por parte del sistema humanitario internacional marca un punto de inflexión. Su objetivo a medio plazo es ampliarse hasta 25 países antes de finales de 2026, incorporando nuevos módulos —como el análisis de riesgos de violencia de género o el acceso a servicios en centros de salud— y reforzando su papel en la preparación ante crisis.
En un contexto de creciente presión climática y social, contar con una base de evidencia común no solo mejora la eficiencia de la ayuda, sino que contribuye a garantizar un derecho fundamental: el acceso al agua y al saneamiento.
Como concluye el propio informe, transformar datos dispersos en información útil no es solo una cuestión técnica, sino una condición imprescindible para que las poblaciones más vulnerables dejen de ser invisibles en la toma de decisiones.
