El Ejecutivo quiere dar un paso más en la respuesta pública frente a los incendios forestales, un riesgo creciente que ya no se limita a los meses de verano. Según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el Consejo de Ministros aprobará próximamente un Real Decreto que establece un marco común de actuación para mejorar la prevención, la vigilancia y la extinción de incendios en todo el territorio.
Durante su visita a proyectos de transición justa en La Robla y La Pola de Gordón (León), Aagesen ha insistido en la necesidad de un enfoque permanente: trabajar los 365 días del año para reducir riesgos, ganar capacidad de anticipación y reforzar la protección de quienes actúan sobre el terreno. “Vamos a dar mayor seguridad a los efectivos y a mejorar la cooperación y la colaboración entre las unidades operativas, tanto en medios como en sistemas de comunicación y cartografías”, ha señalado en declaraciones a los medios.
El nuevo Real Decreto responde a un contexto marcado por el impacto del cambio climático, que está intensificando la frecuencia y la virulencia de los incendios forestales en España. El objetivo de la norma es mejorar la eficacia del sistema público de respuesta, evitando disfunciones en situaciones de emergencia y garantizando una actuación coordinada entre las distintas administraciones y dispositivos implicados.
El texto refuerza la interoperabilidad de los medios, mejora los protocolos de actuación conjunta y pone el foco en la seguridad del personal, un aspecto clave ante escenarios cada vez más complejos y peligrosos.
El Real Decreto articula cinco actuaciones principales destinadas a fortalecer la gestión operativa de los incendios forestales:
Estas medidas se integran en el sistema común de gestión de emergencias previsto en la Ley de Montes y han sido desarrolladas en el seno del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, con la participación de todas las administraciones competentes. El enfoque técnico y consensuado del Real Decreto busca reforzar la cooperación institucional, respetando el marco competencial y mejorando la respuesta conjunta ante incendios de gran magnitud.
La norma se alinea además con los compromisos del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que impulsa políticas públicas coordinadas para reducir riesgos y aumentar la resiliencia del territorio frente a fenómenos extremos. El objetivo final del nuevo marco es proteger a la ciudadanía, salvaguardar los ecosistemas y garantizar la seguridad del personal que trabaja en la prevención y extinción de incendios. Desde el Gobierno subrayan que una planificación más sólida y una respuesta operativa mejor coordinada permitirán reducir los daños ambientales y económicos asociados a estos episodios.
En el marco de su visita a León, la vicepresidenta también ha destacado los proyectos de transición justa que se están desarrollando en zonas históricamente ligadas al carbón. Iniciativas como La Robla Green, centrada en biomasa, captura de CO₂, hidrógeno y metanol a partir de residuos agrarios, o la rehabilitación energética de la estación ferroviaria de La Pola de Gordón, buscan generar nuevas oportunidades económicas y mejorar la eficiencia energética.
Desde 2019, el Ejecutivo ha movilizado alrededor de 1.000 millones de euros en estos territorios para impulsar proyectos tractores en industria y energía, multiplicando por diez la inversión respecto al periodo anterior.
Con este nuevo Real Decreto, el Gobierno refuerza su apuesta por una gestión integral de los incendios forestales, combinando prevención, coordinación y protección en un escenario marcado por la emergencia climática.
