Tras casi veinte años de negociaciones, la comunidad internacional da un paso histórico en la defensa de los ecosistemas marinos. Este sábado entra en vigor el Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, el primer instrumento legal vinculante que regula de forma integral la protección de la vida marina en alta mar y en los fondos marinos internacionales, según informa Naciones Unidas.
El tratado se aplica a las zonas oceánicas situadas fuera de las aguas nacionales, un espacio que concentra más del 90 % del hábitat del planeta si se tiene en cuenta el volumen, dado que la mayor parte de la vida terrestre se desarrolla bajo la superficie del mar. Su entrada en vigor supone un hito para la conservación marina y para el futuro de los océanos en un contexto de crisis climática y ambiental.
El objetivo central del acuerdo es transformar la alta mar y el lecho marino internacional en un entorno gestionado de manera sostenible, en beneficio de toda la humanidad. Además, se trata del primer tratado oceánico que incorpora de forma explícita principios de gobernanza inclusiva, con disposiciones sobre la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como sobre la igualdad de género.
Una vez plenamente implementado, el acuerdo está llamado a contribuir de forma decisiva a hacer frente a la denominada “triple crisis planetaria”: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
En declaraciones recogidas por Noticias ONU, el diplomático tanzano Mzee Ali Haji, que lideró el equipo negociador de su país, subrayó el alcance del nuevo marco jurídico: “Ahora existe un control sobre las actividades en la alta mar. Si se contamina, hay responsabilidad sobre los propios actos”.
El tratado se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en vigor desde 1994 y considerada la “constitución de los océanos”. Al mismo tiempo, viene a cubrir lagunas existentes, detallando cómo gestionar la biodiversidad marina y alineando la gobernanza oceánica con retos actuales como el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Desde este sábado, el acuerdo será jurídicamente vinculante para los 81 países que lo han ratificado hasta ahora, lo que implica su incorporación a las legislaciones nacionales. El texto establece que la entrada en vigor se produce 120 días después de alcanzar un mínimo de 60 ratificaciones, umbral que ya se superó.
Entre las economías que ya han ratificado el tratado figuran China, Alemania, Japón, Francia y Brasil. El caso chino resulta especialmente relevante por su peso en sectores ligados al océano —como la pesca, la acuicultura, la construcción naval o el petróleo y gas marinos— y por el volumen de exportaciones vinculadas a estas actividades.
Sin embargo, algunas potencias clave todavía no han dado el paso definitivo. Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia no han ratificado aún el acuerdo. En el caso estadounidense, pese a haberlo adoptado en 2023, el Senado no ha completado el proceso. India y el Reino Unido mantienen la ratificación pendiente de tramitación legislativa, mientras que Rusia ha expresado su preferencia por preservar los marcos de gobernanza existentes y la libertad de navegación en aguas internacionales.
Pese a estas ausencias, los negociadores se muestran optimistas. “Los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares necesitan apoyo. La protección de la alta mar es responsabilidad de todos”, señaló Haji, confiando en que más Estados se sumen cuando comprueben los beneficios del acuerdo. La clave, más allá del número de ratificaciones, estará en su aplicación efectiva y en la capacidad de actuar frente a los incumplimientos. Según el propio texto, la primera reunión para evaluar avances y mecanismos de implementación deberá celebrarse, como máximo, un año después de la entrada en vigor del tratado. Un plazo decisivo para comprobar si este nuevo marco legal se traduce en una protección real de los océanos.
