Las comunidades energéticas son proyectos cooperativos que permiten a vecinos, asociaciones o pequeñas empresas generar, consumir, almacenar y vender energía limpia de manera colectiva. Su meta no es el beneficio económico, sino el impacto positivo en el entorno: reducir emisiones, crear empleo local y luchar contra la pobreza energética. Esta fórmula, alineada con el principio de “ciudadanía en el centro” del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), se ha consolidado como una herramienta clave para avanzar en la transición hacia un modelo energético más justo y sostenible.
En su quinta convocatoria, el programa CE Implementa, gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha adjudicado 10,7 millones de euros a 106 nuevas comunidades energéticas distribuidas por todo el país. Con esta resolución, ya son 251 los proyectos beneficiados desde el inicio del programa, con una inversión total superior a los 124 millones de euros, según los datos publicados por el MITECO. El objetivo de esta convocatoria ha sido fomentar la implicación de nuevos actores en el sector energético —como cooperativas o asociaciones vecinales— y promover proyectos de menor escala, con una inversión máxima de un millón de euros por iniciativa.
Innovación local y energía renovable
Los proyectos seleccionados impulsarán 371 iniciativas piloto, centradas principalmente en la instalación de energía solar fotovoltaica con almacenamiento (279), movilidad sostenible (44) y gestión inteligente de la demanda (38). También se financiarán proyectos de energía térmica renovable, como la biomasa o la aerotermia (10).
En conjunto, se prevé la instalación de más de 20.800 kW de nueva potencia fotovoltaica, 1.200 kW de energía térmica y 18.000 kWh de capacidad de almacenamiento, además de 62 puntos de recarga para vehículos eléctricos en 35 municipios, sistemas de bicicletas eléctricas compartidas y nuevas flotas de vehículos eléctricos.
Trece comunidades autónomas se beneficiarán de esta nueva convocatoria. Cataluña lidera la lista con 42 proyectos y un tercio del presupuesto total (3,39 millones de euros), seguida por Andalucía (16), Castilla y León (12) y Aragón (9). También destacan iniciativas en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco, Galicia, Extremadura, Murcia, Navarra y Asturias.
Un dato relevante es que todas las entidades beneficiarias son cooperativas o asociaciones, sin presencia de sociedades anónimas o limitadas. En total, participan 18.674 personas agrupadas en estas nuevas comunidades energéticas, de las cuales 55 se ubican en municipios en riesgo de despoblación.
La energía como proyecto colectivo
La apuesta del MITECO por estas fórmulas participativas se enmarca en los objetivos del PNIEC y el PRTR, que buscan una transición energética justa, descentralizada y con protagonismo ciudadano. Para ello, además del programa CE Implementa, el Ministerio promueve las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC), espacios que asesoran y acompañan la creación de nuevas comunidades energéticas por todo el país.
En conjunto, ambas líneas de actuación —CE Implementa y CE Oficinas— forman parte de la Componente 7 del PRTR (“Despliegue e integración de energías renovables”), y contribuyen a los objetivos europeos de descarbonización, autonomía energética y cohesión territorial.
Las comunidades energéticas no solo reducen la dependencia de los combustibles fósiles, sino que fortalecen la economía local y generan un sentido de pertenencia comunitaria. Como subraya el MITECO, este modelo “no solo transforma la forma de producir energía, sino también la manera de entenderla: de un recurso individual a un bien común”.
