La Plataforma del Tercer Sector y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han emitido una declaración conjunta en la que reclaman al Gobierno una modificación urgente de la Ley 2/2015, de Desindexación de la Economía Española, al considerar que su aplicación está poniendo en riesgo la continuidad de servicios públicos esenciales.
Según informan ambas entidades, la desindexación —que desvincula los precios de los contratos públicos del Índice de Precios al Consumo (IPC)— impide revisar de forma periódica y predeterminada los precios, incluso cuando se producen cambios drásticos en los costes. Esta situación, señalan, “está generando graves desequilibrios económicos y comprometiendo la sostenibilidad de las organizaciones que prestan servicios básicos”.
“El mantenimiento de esta normativa en el sector servicios pone en riesgo la viabilidad de muchos contratos, compromete la atención a las personas más vulnerables y amenaza la continuidad de las entidades que los gestionan”, advirtió Juan Antonio Segura, comisionado de Sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector, durante la presentación del documento.
Por su parte, desde CEOE, Juan Ignacio Beltrán García-Echániz, presidente de la Comisión de Servicios Intensivos en Personal, subrayó que “en un contexto tan incierto como el actual, las fluctuaciones de costes y la imposibilidad de adaptar los contratos generan una situación de inseguridad que afecta al conjunto del sector y, en última instancia, a las personas beneficiarias”.
Tanto la Plataforma del Tercer Sector —que agrupa a unas 28.000 entidades sociales— como la CEOE coinciden en que la actual Ley de Desindexación está provocando desequilibrios económicos en la contratación pública, obligando a muchas organizaciones a prestar servicios a pérdidas. Esto, advierten, desincentiva la participación en licitaciones, impide mantener estándares mínimos de calidad y pone en peligro la continuidad de programas esenciales dirigidos a colectivos vulnerables.
Asimismo, denuncian que las prórrogas forzosas y las órdenes de continuidad sin revisión de precios agravan la fragilidad financiera de las entidades, que ven comprometida su capacidad de respuesta ante el aumento de los costes operativos.
Ante esta situación, las dos organizaciones proponen modificar la Ley 2/2015 y el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, de manera que se permita la revisión de precios en función de la evolución de los costes reales. Argumentan que ya existen precedentes en la obra pública, donde se han aprobado medidas similares con resultados positivos tanto en el plano jurídico como presupuestario.
Con esta propuesta, CEOE y la Plataforma del Tercer Sector buscan garantizar la sostenibilidad económica de los contratos públicos de servicios, asegurar la continuidad de la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y reforzar la capacidad del Estado para dar respuesta a las crecientes demandas sociales en un contexto de alta inflación e incertidumbre geopolítica.
“Es imprescindible actuar con urgencia para que el sistema de contratación pública no se convierta en una trampa que asfixie a quienes garantizan el bienestar social”, concluyen ambas entidades en su declaración.
