El sector primario español continúa siendo un pilar estratégico de la economía, pero arrastra desequilibrios estructurales que ponen en riesgo su sostenibilidad social. Según el informe Mercado de trabajo en el sector de Agricultura, ganadería y pesca, elaborado por Randstad Research a partir de datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social, este ámbito da empleo a 759.000 personas en España —un 3,4% del total—, aunque enfrenta retos vinculados al envejecimiento de su fuerza laboral, la falta de relevo generacional y la dependencia de mano de obra extranjera.
Uno de los datos más llamativos es el crecimiento del empleo extranjero en la producción ganadera, que en apenas un año ha aumentado un 53%, mientras que la ocupación de trabajadores españoles cayó un 1,3%. Este fenómeno evidencia cómo los sectores más duros y precarizados del campo recaen cada vez más en trabajadores migrantes, lo que abre un debate sobre las condiciones laborales y los derechos humanos en estas actividades esenciales para la soberanía alimentaria.
En términos globales, el 72% de quienes trabajan en agricultura, ganadería y pesca son españoles (546.000 personas en el primer trimestre de 2025), frente a unos 200.000 trabajadores extranjeros. Su presencia es minoritaria en ramas como la silvicultura, la pesca y la acuicultura, donde apenas alcanzan el 14% del empleo.
El estudio refleja un avance de la participación femenina: las mujeres ya representan el 27,8% del empleo en el sector, con 210.623 trabajadoras, frente al 23% que suponían en 2019. En agricultura y ganadería, su presencia llega al 29%, con un crecimiento interanual del 5,2%, muy superior al de los hombres (0,5%). Destaca especialmente el incremento en cultivos no perennes, como cereales y hortalizas, donde el empleo femenino se disparó un 25,8%, mientras que el masculino retrocedió un 3,7%.
Pese a estos avances, la brecha de género persiste en un ámbito donde las mujeres, además de ser minoría, suelen concentrarse en tareas más precarizadas. La desigualdad laboral en el sector primario continúa siendo un desafío en términos de equidad y derechos sociales.
Otro de los puntos críticos señalados por Randstad Research es el envejecimiento de la mano de obra. Más de la mitad de los ocupados tienen más de 45 años y casi tres de cada diez superan los 55. En el lado opuesto, los jóvenes de 16 a 24 años apenas representan el 4,5% del total, una cifra que pone en cuestión la viabilidad futura de estas actividades.
Este panorama refuerza la idea de que el sector necesita políticas públicas de apoyo, tanto para garantizar condiciones dignas a las personas migrantes y trabajadoras temporales, como para promover el acceso de las mujeres y de la juventud al empleo agrícola, ganadero y pesquero. Sin una transformación profunda que aborde estas desigualdades, el papel estratégico del campo español podría verse comprometido a medio plazo.
