
En lo que va de 2025, más de 240 trabajadores humanitarios han muerto y al menos 160 han resultado heridos o secuestrados. En 2024, la cifra ya había alcanzado un récord con 373 muertes, la mayoría de personal local que servía en sus propias comunidades. El impacto de esta violencia va mucho más allá de quienes arriesgan su vida: pone en peligro la asistencia vital para millones de personas que dependen de alimentos, agua potable, atención médica y refugio.
La conmemoración de este año llega con un mensaje claro: el sistema humanitario está al límite. La financiación es insuficiente, los ataques se multiplican y, en muchos casos, las leyes internacionales que deberían proteger a trabajadores humanitarios y civiles se incumplen impunemente.
Desde hospitales destruidos hasta escuelas arrasadas, la vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) agrava crisis ya devastadoras y deja heridas que duran generaciones. Como recordó Naciones Unidas, el problema no radica en la falta de normas, sino en la falta de voluntad política para cumplirlas.
Frente a esta realidad, la campaña #ActúaPorLaHumanidad vuelve a levantar la voz con tres exigencias centrales: proteger a los trabajadores humanitarios y a las comunidades a las que sirven, garantizar el respeto al DIH y asegurar la financiación de los recursos vitales.
El año pasado, resoluciones y promesas marcaron el aniversario 75 de los Convenios de Ginebra. Sin embargo, sobre el terreno, poco cambió. Hoy, el llamamiento es aún más urgente: convertir la indignación global en acción real.
En un momento en el que el sistema humanitario parece al borde del colapso, la pregunta resuena con más fuerza que nunca: si no protegemos a quienes salvan vidas, ¿qué dice eso de nuestra humanidad?