Esta semana, la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo ha aprobado un informe que propone reorientar parte de los fondos hacia nuevos objetivos estratégicos como la movilidad militar, el refuerzo industrial en defensa, la resiliencia hídrica, la sostenibilidad de la vivienda y la infraestructura energética. El informe, aprobado por 26 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones, también avala que parte de los recursos se destinen a mejorar la competitividad de la UE —especialmente a través de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP)— y a apoyar a las regiones fronterizas con Rusia, Bielorrusia y Ucrania.
Nuevas prioridades, pero sin perder el rumbo
Si bien se amplían los fines elegibles, el enfoque redistributivo de la política de cohesión se mantiene como principio rector. Por eso, los eurodiputados proponen que determinadas partidas —como las vinculadas a defensa y descarbonización— solo puedan ser canalizadas hacia regiones menos desarrolladas o en transición.
También reclaman que cualquier apoyo a grandes empresas esté condicionado a la creación de empleo local, y que las autoridades regionales y locales mantengan poder de decisión sobre posibles reasignaciones de fondos ya comprometidos para el desarrollo territorial.
Fondos más ágiles y enfoque en la sostenibilidad
La propuesta contempla introducir mecanismos que agilicen la ejecución de proyectos: hasta un 100% de cofinanciación, adelantos del 30% y bonificaciones adicionales si se redirige al menos el 10% del presupuesto a estas nuevas prioridades. Originalmente, la Comisión proponía un umbral del 15%.
En clave ambiental, se apuesta por una gestión integral del agua —incluyendo riego eficiente y desalación—, la protección de infraestructuras críticas ante emergencias y el impulso a viviendas más sostenibles. Además, se priorizará la financiación de infraestructuras duales, útiles tanto para uso civil como militar.
No todo vale: defensa del Estado de derecho y control democrático
El Parlamento ha sido claro al señalar que esta nueva flexibilidad no debe aplicarse a fondos bloqueados por vulneraciones del Estado de derecho, tal como establece el reglamento de condicionalidad de la UE.
“Estamos ofreciendo respuestas concretas a quienes más lo necesitan, sin renunciar al corazón de la política de cohesión: que ninguna región ni ningún ciudadano europeo quede atrás”, señaló tras la votación el eurodiputado Dragoș Benea, ponente del informe y presidente de la comisión parlamentaria.
