La inseguridad alimentaria en España ya no se mide solo por el acceso a alimentos, sino por el impacto que tiene sobre la salud, el desarrollo y la dignidad de las personas. Así lo han expresado numerosos expertos durante el encuentro Datos que alimentan: seguridad alimentaria en el marco de la protección social, celebrado este 20 de junio en Madrid. El evento, organizado por Acción contra el Hambre, ha puesto el foco en una realidad preocupante: uno de cada tres menores en España vive en situación de pobreza o exclusión, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
Esta cifra, que alcanza al 34,7% de los menores de 16 años, evidencia cómo el derecho a una alimentación adecuada se ve comprometido incluso en países con altos ingresos. De hecho, como ha subrayado Luis González, director de Ingeniería Técnica y Acción Social de la organización, “la inseguridad alimentaria en contextos de renta alta se manifiesta con sobrepeso, obesidad y malnutrición, afectando directamente al futuro de quienes la padecen”.
Tecnología al servicio de la protección social
En este contexto, Acción contra el Hambre ha presentado un sistema pionero que utiliza inteligencia artificial y análisis predictivo para identificar situaciones de riesgo alimentario antes de que se produzcan. Esta herramienta forma parte de un programa piloto en la Comunidad de Madrid, financiado por fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NextGenerationEU.
El programa combina distintos ejes de intervención: mejora de la empleabilidad, salud integral, uso de tarjetas monedero para la compra de alimentos, y una capa tecnológica que analiza datos territoriales y socioeconómicos. Pablo Soriano, responsable de Acción Social en España, destacó que este modelo permite “tomar decisiones informadas y escalables por parte de actores públicos y privados”.
Medir para transformar: clave para las políticas públicas
Uno de los puntos centrales del evento ha sido la necesidad de herramientas eficaces para medir la inseguridad alimentaria. Durante las mesas de debate, expertos de organismos como la FAO, Fundación FOESSA, la consultora Red2Red o la Comunidad de Madrid han coincidido en la importancia de contar con indicadores que reflejen no solo el acceso a alimentos, sino la libertad real de decidir cómo alimentarse.
Luis Pérez Rodríguez, jefe del Área de Innovación Social de la Comunidad de Madrid, ha señalado que “la innovación social necesita voluntad política, datos de impacto y colaboración entre instituciones y sociedad civil”. En la misma línea, Carlo Cafiero, economista senior de la FAO, recordó que “herramientas como la escala FIES permiten capturar la experiencia de la inseguridad alimentaria y adaptarla a diferentes contextos culturales y sociales”.
El derecho a alimentarse con dignidad
El cierre de la jornada ha girado en torno a la consideración de la alimentación como un derecho humano. Juan Echanove, coordinador para el Derecho a la Alimentación en la FAO, fue tajante: “Comer no es un privilegio, es un derecho que debe garantizarse desde la dignidad, con disponibilidad, accesibilidad, adecuación y sostenibilidad”.
En el debate han participado también representantes de la Gasol Foundation, el Instituto Universitario CEU de Alimentación y Sociedad y la consultora social UpSocial, coincidiendo en que el reconocimiento legal del derecho a la alimentación permitiría reforzar su cumplimiento desde distintos frentes: políticas públicas, investigación y acción social.
La jornada ha concluido con la presentación del Manifiesto por la visibilidad de la inseguridad alimentaria en España, elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, la Academia Española de Nutrición y Dietética, Acción contra el Hambre y el grupo de investigación GRoW. En él, se exhorta a mejorar los sistemas de detección, implementar medidas estructurales y garantizar el acceso universal a una alimentación digna y saludable.
La lucha contra la inseguridad alimentaria requiere una mirada estructural y comprometida, que no se limite a la asistencia puntual, sino que transforme las condiciones que la generan. Como ha quedado patente en el encuentro, solo un enfoque basado en derechos y sostenido por datos fiables podrá garantizar que nadie quede atrás en el acceso a la alimentación.
