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Con una inversión que asciende a 120 millones de euros, la Comisión Europea destinará en 2025 fondos para apoyar a poblaciones vulnerables de América Latina y el Caribe, afectadas por catástrofes naturales, violencia y conflictos armados. El paquete financiero contempla, además, recursos clave para mejorar la resiliencia ante desastres, en una región especialmente expuesta al cambio climático.
La UE aumenta su apoyo a América Latina y el Caribe para afrontar las crisis climáticas y humanitarias

La Comisión Europea ha anunciado una partida de 120 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria que será destinada en 2025 a diversos países de América Latina y el Caribe. Esta medida busca responder a las urgencias derivadas de desastres naturales, violencia estructural y desplazamientos forzados, al tiempo que se fortalece la capacidad de adaptación ante fenómenos extremos vinculados al cambio climático.

La región, considerada una de las más vulnerables a los impactos del calentamiento global, recibirá no solo ayuda de emergencia, sino también fondos dirigidos a la prevención y preparación frente a futuras crisis. Según ha informado la Comisión Europea, esta iniciativa se enmarca en la política humanitaria de la UE y consolida el compromiso birregional firmado en 2023 en el Memorando de Entendimiento sobre gestión integral del riesgo de desastres.

Ayuda humanitaria con enfoque climático

Uno de los ejes principales de esta financiación es Venezuela, país que recibirá 38 millones de euros canalizados a través de organizaciones humanitarias. El objetivo: atender necesidades críticas en salud, nutrición, educación y protección de personas en situación de especial vulnerabilidad.

Colombia, por su parte, contará con 21 millones de euros para apoyar a quienes han sido desplazados por los conflictos armados y para mitigar el impacto de los flujos migratorios en la frontera con Venezuela. La asistencia se centrará en la seguridad alimentaria, el acceso a agua potable, saneamiento, salud y medios de vida sostenibles.

Otros 10 millones de euros se asignarán a distintos países de Sudamérica, incluyendo 2 millones para Ecuador, que enfrenta una creciente violencia. En estos casos, la prioridad será proteger a personas desplazadas y en riesgo, con un enfoque integral que combine ayuda inmediata y estrategias de resiliencia. En Centroamérica, la ayuda se divide en dos bloques: 10 millones para hacer frente a la inseguridad alimentaria y la violencia, y 10,1 millones adicionales para acciones de preparación ante catástrofes naturales, una amenaza constante en la región.

El Caribe también está contemplado en este paquete. Haití, sumido en una crisis humanitaria agravada por la violencia de bandas armadas, recibirá más de 18 millones de euros. El resto de los países caribeños se beneficiarán de una ayuda de 8,5 millones centrada en reforzar los sistemas de alerta temprana y respuesta ante emergencias.

 

Esta nueva asignación financiera coincide con el primer aniversario del Memorando de Entendimiento firmado entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que tiene como propósito estrechar la cooperación frente a riesgos naturales y emergencias. El acuerdo fue suscrito en Barbados en 2023 como resultado clave de la Cumbre UE-CELAC, y reúne a instituciones como la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias (CDEMA), el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC), y la Comunidad Andina, además de países como Chile, Cuba y México. Este memorando refuerza los compromisos internacionales adquiridos por ambas regiones en el marco del Acuerdo de París y el Marco de Sendai de Naciones Unidas, apuntando hacia una cooperación más ambiciosa en la gestión del riesgo climático.

Transición ecológica con justicia global

La asignación de estos fondos no solo responde a emergencias puntuales, sino que se alinea con una visión más amplia de justicia climática y solidaridad internacional. La Comisión Europea insiste en que la transición ecológica global no será posible sin una respuesta coordinada, solidaria y centrada en los derechos humanos.

En palabras de la institución, “invertir en prevención y resiliencia es tan urgente como salvar vidas en el presente”. Esta estrategia europea refuerza así un enfoque de sostenibilidad que entiende que los desastres climáticos no conocen fronteras y que la cooperación internacional es clave para hacerles frente.

 

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