Europa ha pretendido posicionarse como referente en producción sostenible, impulsando regulaciones dirigidas a prevenir, mitigar y evaluar los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Sin embargo, con este nuevo paquete legislativo, presentado por el Comisario de Economía, Productividad, Aplicación y Simplificación, Valdis Dombrovskis, y la Comisaria de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, María Luís Albuquerque, se abre la puerta a un debilitamiento de los compromisos climáticos y de transparencia corporativa.
Bajo el argumento de reducir la carga administrativa de las empresas y fortalecer su competitividad, estas modificaciones desmantelan responsabilidades empresariales en sostenibilidad, limitan la transparencia y excluyen a la sociedad civil del proceso. Pero, ¿hasta qué punto esta estrategia realmente favorece un modelo económico sostenible? Con el objetivo de esclarecer lo que implican estos cambios, el Observatorio de RSC ha realizado una publicación en la cual se resumen los puntos de la propuesta Ómnibus que afectarán a la transición en materia de sostenibilidad y responsabilidad corporativa en la UE. Además, cabe destacar que el Observatorio de RSC se une a más de 360 organizaciones de sociedad civil y sindicatos de más de 50 países para instar al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo a no recortar las ambiciones climáticas y medioambientales ni los compromisos con los derechos humanos protegiendo las leyes esenciales de sostenibilidad.
La CSRD obliga a las empresas a reportar sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con información clara y comparable. No obstante, las nuevas medidas ponen en entredicho la fiabilidad de estos datos, lo que podría afectar la movilización de capital hacia iniciativas responsables.
Entre los cambios más preocupantes destacan:
Esta directiva obliga a las empresas a establecer procesos de debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente, pero la nueva propuesta limita drásticamente su alcance:
El Reglamento de Taxonomía de la UE proporciona criterios para determinar si una actividad económica es ambientalmente sostenible. Sin embargo, las modificaciones propuestas introducen importantes retrocesos:
El CBAM establece un precio al carbono emitido en la producción de bienes importados a la UE para evitar la fuga de carbono. No obstante, las nuevas medidas lo debilitan considerablemente:
El paquete de medidas aprobado por la Comisión Europea marca un claro retroceso en la regulación empresarial en materia de sostenibilidad. Bajo la retórica de la simplificación, se ha elaborado un marco normativo que favorece los intereses de las grandes corporaciones, reduciendo las obligaciones empresariales y dificultando la transparencia. De aprobarse estas modificaciones, se retrasará la implementación de normativas clave, se flexibilizarán las exigencias ambientales y se limitarán las sanciones. Además, miles de empresas quedarán exentas de rendir cuentas sobre sus impactos en el medio ambiente y los derechos humanos.
Estos cambios evidencian una tensión entre los valores democráticos de la UE y la influencia de los lobbies empresariales en sus decisiones. También generan incertidumbre en inversores y consumidores, quienes dependen de la transparencia corporativa para tomar decisiones responsables. En definitiva, la Comisión Europea ha puesto en jaque el esfuerzo por construir un modelo económico verdaderamente sostenible y equitativo.
