Estados Unidos ha anunciado una drástica reducción en su financiamiento a programas de cooperación internacional y ayuda humanitaria, una medida que afectará a millones de personas en contextos de crisis, especialmente mujeres y niñas. Entre los recortes más significativos, el gobierno de Donald Trump ha confirmado la eliminación de 377 millones de dólares destinados al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organismo clave en la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva a nivel global.
El UNFPA informó que, a partir del 26 de febrero, recibió notificación de que prácticamente todas sus subvenciones gestionadas a través de USAID y el Departamento de Estado han sido canceladas. Esta decisión, según el organismo, pone en riesgo programas esenciales que garantizan la atención materna, la protección contra la violencia de género y la asistencia a víctimas de agresiones sexuales en escenarios de emergencia.
El impacto de estos recortes será particularmente severo en regiones como Gaza, Sudán y Ucrania, donde los conflictos han incrementado la vulnerabilidad de mujeres y niñas. Además, programas implementados en países como Afganistán, Chad, República Democrática del Congo, Haití, Mali, Sudán y Siria también se verán afectados.
Desde UNFPA advierten que esta reducción presupuestaria compromete la meta global de erradicar la mortalidad materna prevenible, ampliar el acceso a planificación familiar y eliminar prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina antes de 2030. A lo largo de los años, el organismo ha enfrentado reiteradas suspensiones de financiamiento por parte de administraciones estadounidenses, bajo acusaciones infundadas de promover el aborto coercitivo o la esterilización forzada, las cuales han sido desmentidas por investigaciones independientes y por la propia ONU.
La agencia subraya que su mandato está centrado en garantizar derechos y opciones para todas las personas, y destaca que su funcionamiento depende exclusivamente de contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, fundaciones y donantes privados. Con esta nueva retirada de fondos, se profundiza la crisis de acceso a servicios esenciales para las poblaciones más vulnerables del mundo.
