En España, la Ley de Educación LOMLOE establece la sostenibilidad y el medioambiente como ejes transversales del aprendizaje. Sin embargo, estudios recientes apuntan a una implementación desigual entre comunidades autónomas y centros educativos. Mientras que algunos colegios avanzan con proyectos innovadores, otros apenas dedican tiempo al tema, limitándose a actividades puntuales en fechas clave como el Día Mundial del Medio Ambiente.
Las desigualdades también se reflejan en la falta de formación docente especializada. “La educación ambiental no puede limitarse a un tema adicional en ciencias naturales; debe permear todas las áreas del conocimiento”, señala un informe de WWF España. Sin una capacitación adecuada, el enfoque integral que requiere este tipo de enseñanza se diluye.
La falta de recursos en barrios vulnerables repercute directamente en la capacidad de sus escuelas para implementar programas de educación ambiental. Esto no solo perpetúa la brecha educativa, sino que limita las posibilidades de estas comunidades de involucrarse en la transición ecológica.
Un ejemplo paradigmático lo encontramos en áreas rurales y barrios periféricos, donde los índices de pobreza y exclusión social son más altos. Allí, la ausencia de proyectos de concienciación ambiental se traduce en un menor acceso a prácticas sostenibles, como huertos comunitarios o proyectos de reciclaje, que podrían tener un impacto directo en la calidad de vida local. A pesar de estas dificultades, han surgido iniciativas prometedoras. ONG y asociaciones vecinales están liderando programas educativos adaptados a contextos desfavorecidos, demostrando que la educación ambiental puede ser una herramienta para empoderar a las comunidades.
Para que la educación ambiental sea verdaderamente transformadora, es necesario abordarla desde una perspectiva de equidad social. Esto implica garantizar que las escuelas en contextos vulnerables reciban los recursos y apoyos necesarios para integrar esta temática en sus currículos.
La solución pasa por una mayor inversión pública, pero también por alianzas estratégicas entre gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Además, es fundamental fomentar la participación activa de las comunidades en el diseño y la ejecución de proyectos educativos, asegurando que estos reflejen sus necesidades y prioridades.
El desafío es inmenso, pero también lo es el potencial. La educación ambiental no solo tiene el poder de formar ciudadanos más conscientes, sino de transformar la realidad de las comunidades más excluidas, abriendo camino hacia un futuro más justo y sostenible.
