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Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, Spainsif organizó junto a Fundación ONCE un Coloquio ISR que profundizó en la situación actual de estos temas desde el punto de vista normativo y los retos de las cuestiones sociales en el ámbito de las finanzas sostenibles.
Derechos humanos y discapacidad en la inversión sostenible

En el transcurso del encuentro, los expertos señalaron que diversos factores influyen en el ritmo de integración de las cuestiones sociales y los derechos humanos en el ámbito de las finanzas sostenibles, destacando repetidamente uno de ellos por su influencia y relevancia: el marco regulatorio. En la última década, han surgido diversas iniciativas normativas y reguladoras relacionadas con el reporte de información y la responsabilidad y diligencia debida en cuestiones ambientales, de derechos humanos y laborales. Este progreso regulatorio resulta crucial, considerando que hasta tiempos recientes, las iniciativas vinculadas a la protección y respeto de los derechos humanos se centraban principalmente en el ámbito estatal, excluyendo a empresas e inversores privados.

La Comunicación de 2011 de la Comisión Europea (CE) "Una nueva estrategia de la UE 2011-14 sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC)" colocó por primera vez la responsabilidad de la RSC en los impactos generados por las empresas y en la protección de los derechos de las personas. En junio del mismo año, se aprobaron los "Principios Rectores sobre las empresas y los DDHH" de Naciones Unidas, que establecen roles y responsabilidades para estados y empresas.

Inicialmente, surgieron directrices y códigos de conducta voluntarios como las "Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales", un conjunto de recomendaciones gubernamentales para una conducta empresarial responsable de multinacionales. Desde su actualización en 2011, incluye capítulos específicos sobre derechos humanos y laborales, así como aspectos relacionados con la corrupción, responsabilidad fiscal y diligencia debida. En 2017, los Líderes del G20 se comprometieron a promover la aplicación de normas laborales, sociales, medioambientales y de derechos humanos, subrayando la responsabilidad de las empresas de ejercer la debida diligencia. Entre ese año y 2022, la OCDE ha publicado Recomendaciones sobre la diligencia debida y una conducta responsable para empresas, sector financiero e inversores institucionales.

La Unión Europea adoptó la Directiva de Divulgación corporativa de información de sostenibilidad (CSRD), los Estándares Europeos de Informes de Sostenibilidad (ESRS) y el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), que incorporan obligaciones de reporte sobre riesgos e impactos medioambientales y sociales, aunque el reporte de algunas cuestiones sociales depende del análisis de materialidad de las entidades afectadas. Además, la cobertura de las cuestiones sociales no es uniforme entre ambos marcos, y podría haber una mayor ambición en la SFDR respecto a la inclusión de otros indicadores de Impactos adversos (PIAs) en materia social.

Aún están pendientes los trabajos iniciados por la Comisión Europea para una Taxonomía social, que establecerá criterios para clasificar actividades económicas que contribuyan de manera sustancial a objetivos sociales, y la definición del texto final de la Directiva de Debida Diligencia (CSDD) propuesta por la CE en 2022, que establecerá por primera vez obligaciones en materia de derechos humanos y medio ambiente para empresas y sus cadenas de valor, cuyos términos y alcance todavía están en proceso de negociación.

¿Cuáles son los principales retos para la integración de los DDHH en las finanzas sostenibles?

El protagonismo de las cuestiones medioambientales sigue siendo predominante en las decisiones de inversión y financiación, aunque hay indicios de una creciente conciencia por parte de los inversores sobre los desafíos sociales asociados al cambio climático. La violación de los derechos humanos y laborales figura como criterio de exclusión en las inversiones sostenibles y responsables (ISR) para el 60% al 70% de las entidades nacionales, según revela el último estudio anual de Spainsif sobre el mercado de activos gestionados con criterios de sostenibilidad en España.

En cuanto a las iniciativas de engagement, los temas relacionados con los derechos humanos ocupan el segundo lugar, mientras que la diversidad e igualdad de género y los derechos laborales se sitúan en tercer y cuarto lugar, respectivamente. Los planes de transición climática lideran esta lista.

En las estrategias de inversión temática, los aspectos medioambientales son prominentes, pero los sociales ganan fuerza, especialmente en áreas como el acceso a servicios básicos, como la salud y el bienestar, así como el agua. Los aspectos vinculados a los derechos humanos, como la diversidad e igualdad, también son relevantes, aunque la demanda de productos de inversión centrados en temas sociales o derechos humanos sigue siendo modesta.

Más allá de las estrategias centradas en temas específicos de sostenibilidad, se observa una creciente popularidad del enfoque integrado de las dimensiones ambientales y sociales (incluidos los derechos humanos) del cambio climático, con un énfasis especial en la promoción de una transición inclusiva y justa. Este enfoque aborda la magnitud y complejidad de los desafíos, que requieren coordinación entre mecanismos público-privados y un papel significativo de las entidades financieras de desarrollo y multilaterales, que combinen garantías, asistencia técnica y diversos tramos de financiación para atraer y movilizar capital privado.

Es relevante destacar que, gracias al trabajo de entidades como Fundación ONCE, diversos indicadores relacionados con la discapacidad forman parte de los estándares de reporte de Global Reporting Initiative (GRI). Esto influye en su incorporación a los Estándares Europeos de Informes de Sostenibilidad (ESRS) desarrollados por EFRAG en el marco de la CSRD. No obstante, queda pendiente una mayor integración de estos indicadores con la lista de Principales Impactos Adversos (PIAs) de la SFDR.

En el presente, es posible seguir avanzando en la concienciación sobre la vulnerabilidad y exposición de ciertos grupos a riesgos medioambientales y sociales. Estos riesgos, interconectados entre sí, amplifican los riesgos de exclusión. Un ejemplo de la necesidad de investigar estas dinámicas entre los retos sociales y ambientales es el reciente estudio en España sobre la respuesta a las olas de calor y su efecto en las personas con discapacidad realizado por Human Rights Watch. Abordar estos desafíos requiere llevar a cabo una transición verde de manera inclusiva y equitativa, considerando con especial atención los riesgos específicos y las oportunidades laborales que puedan surgir durante esta transformación del sistema económico, garantizando el acceso efectivo de estos grupos a dichas oportunidades.

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