La paz es un elemento esencial para el desarrollo sostenible de cualquier comunidad, sociedad o país. Sin paz, es difícil lograr un progreso significativo en áreas clave como la economía, la educación, la salud y el medio ambiente. Algunas razones por las cuales la paz es fundamental para el desarrollo sostenible incluyen:
- Estabilidad económica: La paz crea un entorno propicio para la inversión extranjera, el comercio y el crecimiento económico. Los conflictos y la inestabilidad suelen ahuyentar a los inversores y dificultar el desarrollo de negocios y mercados.
- Educación y desarrollo humano: La paz permite la continuidad de los sistemas educativos y el acceso a la educación de calidad para todas las personas. La educación es clave para el desarrollo humano y la construcción de capacidades.
- Salud y bienestar: Los conflictos y la violencia afectan negativamente la disponibilidad y el acceso a servicios de atención médica de calidad. La paz es fundamental para garantizar el acceso a servicios de salud y para abordar problemas de salud pública.
- Medio ambiente y sostenibilidad: Los conflictos pueden dar lugar a la degradación ambiental, la explotación descontrolada de recursos naturales y la destrucción de ecosistemas. La paz es esencial para promover prácticas sostenibles y conservar el medio ambiente para las generaciones futuras.
- Cohesión social: La paz fomenta la cohesión social, la confianza mutua y la colaboración entre los miembros de una comunidad. Esto es fundamental para abordar desafíos sociales y promover la equidad y la justicia.
En este sentido, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que la justicia es vital para la paz y el desarrollo sostenible y consideró que el mundo precisa de una justicia accesible y disponible para todas las personas. Volker Türk presentó sus reflexiones sobre la nueva visión para el estado de derecho del Secretario General de las Naciones Unidas, destacando una crisis de capacidad y de confianza pública en muchas instituciones del estado de derecho y la justicia.
El experto en DDHH sostuvo que, si bien se han logrado avances, millones de personas no tienen acceso efectivo a la justicia y viven en condiciones de profunda injusticia, en contravención de la promesa del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que compromete a los Estados a "promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles", apuntó.
Las cifras son realmente preocupantes. Türk detalló que las personas que viven en condiciones extremas de injusticia y privadas de cualquier protección significativa de la ley suman 250 millones a nivel global, además de que unos 4500 millones -el 60% de la población mundial-, están excluidos de las protecciones y oportunidades sociales, económicas y políticas que la ley les debería garantizar. Explicó que esas personas carecen de títulos de propiedad de la tierra, documentos de residencia, documentación de vivienda o están empleados sin contrato en el sector informal, lo que resulta en la privación del acceso adecuados a la atención médica, la educación, los préstamos bancarios y mejores empleos.
Otro dato lamentable es el que indica que las mujeres y los niños enfrentan los mayores obstáculos para acceder a la justicia, con más de mil millones de mujeres sin protección contra la violencia sexual por parte de una pareja, mientras que 1500 millones no tenían protección legal contra el acoso sexual en el trabajo, según cifras de 2017.
Finalmente, el Alto Comisionado identificó a la corrupción como otro de los impedimentos para la buena gobernanza y la justicia, y citó al informe de Desarrollo Sostenible que revela que el 15% de las empresas del mundo reportaron solicitudes de sobornos por parte de funcionarios públicos. Además, la corrupción en el poder judicial socava gravemente la legitimidad y la confianza en ese sistema fundamental del estado de derecho, añadió, advirtiendo que cuando las personas no creen en la legitimidad y la eficacia de las instituciones públicas, ni en su capacidad para abordar los conflictos, las quejas crecen y se enconan, convirtiendo las tensiones en violencia. “Para que el estado de derecho desempeñe su papel en la reconstrucción de la confianza, las instituciones públicas deben ser más receptivas, justas y eficaces”, aseveró.
