La emergencia climática es una de las mayores preocupaciones para gran parte de la sociedad. Una nueva encuesta revela que una gran mayoría de españoles y españolas quieren que se obligue a las empresas que operan en la UE a reducir sus emisiones de efecto invernadero.
Sin dudas, la consciencia medioambiental es cada vez mayor. Así lo muestra un nuevo sondeo que ha revelado un fuerte apoyo público a una ley europea de debida diligencia empresarial que, de aprobarse, obligaría a las empresas que operan en la UE a tomar medidas para reducir sus emisiones. La Directiva de Debida Diligencia de las Empresas en materia de Sostenibilidad, actualmente en trámite en el Parlamento de la UE, podría exigir a las empresas que operan en la UE que tomen medidas para identificar y prevenir las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales, como la deforestación y la contaminación a lo largo de toda su cadena de valor.
En este contexto, la campaña “Justice is everybody’s business” encargó la realización de una encuesta en 10 países de la UE, incluida España, que reveló que:
Cabe destacar que, desde la presentación del proyecto de ley al Parlamento, las instituciones financieras han gastado al menos 100 millones de euros en presionar a la Unión Europea. Países como España o Francia han apoyado excluir al sector financiero de las nuevas reglas de debida diligencia propuestas por la UE. Junto con la encuesta, más de 200 figuras destacadas y organizaciones de la sociedad civil han firmado una declaración en la que exigen “una legislación europea fuerte, adecuada para afrontar la crisis climática y hacer realidad la justicia climática para los afectados.” La petición llega antes de una votación crítica del proyecto legislativo por parte de los eurodiputados en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.
En palabras de Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma por las Empresas Responsables: “La opinión en toda la UE es clara. Se necesitan reglas más estrictas para garantizar que las empresas y los bancos rindan cuentas adecuadamente en toda su cadena de valor global y no continúen operando a expensas de la gente y del planeta. El proyecto de ley en su forma actual es demasiado débil para ser efectivo en la práctica, por lo que debe fortalecerse aún más para garantizar que las empresas estén obligadas a desarrollar e implementar planes de transición para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. La aprobación de esta ley histórica significaría que empresas contaminantes como extractivas y/o energéticas ya no puedan eludir la responsabilidad por los daños que causen en Europa y en el extranjero”.
