Ayer, 28 de julio ha sido un día histórico. Con 161 votos a favor, ocho abstenciones (China, Rusia, Bielorusia, Camboya, Irán, Kirguistán, Siria y Etiopía) y ningún voto en contra, la Asamblea General adoptó una resolución que reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal.La resolución, basada en un texto similar adoptado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos, pide a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano para todos.
Se trata de una importante victoria para el planeta y para la humanidad en su conjunto. El texto, presentado originalmente por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza el pasado mes de junio de este año, y copatrocinado ahora por más de 100 países, señala que el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con el derecho internacional existente y afirma que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales.
La completa declaración también reconoce que el impacto del cambio climático, la gestión y el uso insostenibles de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad interfieren en el disfrute de este derecho, y que los daños ambientales tienen implicaciones negativas, tanto directas como indirectas, para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.
Cabe aclarar que la resolución no es jurídicamente vinculante para los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Empero, quienes defienden esta decisión tienen la esperanza de que tendrá un efecto de goteo; en otras palabras, este reconocimiento impulsará a los países a consagrar el derecho a un medio ambiente saludable en las constituciones nacionales y los tratados regionales, y alentará a los estados a hacer cumplir dichas leyes. Quienes apoyan la decisión aseguran que eso daría a los defensores y defensoras del medio ambiente más herramientas para hacer frente a las políticas y proyectos destructivos en términos ecológicos. El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano por parte la Asamblea General y de otros foros de la ONU, aunque no es jurídicamente vinculante será un catalizador para la actuación en favor de un medio ambiente sano y limpio y capacitará a los ciudadanos de a pie para exigir responsabilidades a sus gobiernos.
Si bien no será obligatoria, sin dudas esta definición se trata de un hito para afrontar la triple crisis medioambiental. Tras conocerse la noticia, el Secretario General de la ONU, António Guterres, dijo que este hecho demuestra que los Estados miembros pueden unirse en la lucha colectiva contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. "La resolución ayudará a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas, especialmente a las que se encuentran en situaciones vulnerables, como los defensores de los derechos humanos medioambientales, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas", dijo en un comunicado difundido por su portavoz.
La resolución llega en el momento en que el planeta enfrenta lo que Inger Andersen, Directora Ejecutiva del PNUMA, llamó una triple crisis planetaria: la crisis del cambio climático, la crisis de la pérdida de naturaleza y biodiversidad, y la crisis de la contaminación y los residuos. De no controlarse, la nueva resolución dice que dichas crisis pueden provocar consecuencias desastrosas para las personas de todo el mundo, especialmente las mujeres, las niñas y las personas de bajos ingresos. En esta misma línea, el Secretario General de la ONU, sostuvo que el derecho recién reconocido será crucial para hacer frente a la triple crisis planetaria. Cada una de estas cuestiones tiene sus propias causas y efectos, y deben resolverse si queremos tener un futuro viable en la Tierra.
Finalmente, cabe aclarar que, si bien en todos los países existen leyes nacionales diseñadas para limitar la contaminación, proteger las plantas y los animales, y contrarrestar el cambio climático, estas reglas no siempre se cumplen al cien por cien y, cuando no se respetan dichas normas, los ciudadanos a menudo pasan por serias dificultades para hacer que los gobiernos y las empresas rindan cuentas al respecto. El asunto está ahora en manos de los responsables políticos, que esperemos estén a la altura del reto que supone, nada más y nada menos que salvar el planeta.
