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Los desafíos para acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición siguen aumentando. Entre otras cosas, la pandemia ha dejado al descubierto las fragilidades de nuestros sistemas agroalimentarios y las desigualdades en nuestras sociedades, que están causando nuevos aumentos del hambre y la inseguridad alimentaria grave en el mundo. Si bien es innegable que ha habido avances en las últimas décadas, lo cierto es que no ha sido suficiente. Las tendencias de la desnutrición infantil, en particular el retraso del crecimiento y la emaciación, las carencias de micronutrientes esenciales y el sobrepeso y la obesidad infantiles, siguen siendo motivo de gran preocupación.  

Los datos son inaceptables: en el mundo entero, el número de personas hambrientas ha aumentado en 46 millones en 2020 y en 150 millones a partir del inicio de la pandemia. Mientras haya una persona con hambre en cualquier latitud, habremos fallado como humanidad. La ilusión de los ODS y de cumplir con las metas planteadas por Naciones Unidas se ha vuelto un horizonte cada vez más inalcanzable. A comienzo del corriente mes de julio se publicó la edición correspondiente a 2022 del informe Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, elaborado por  la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF). El documento advierte acerca del enorme retroceso en materia alimentaria. Asimismo, el estudio destaca el avance de la pobreza extrema y la creciente desnutrición crónica.

Concretamente, el informe indica que el número de personas afectadas por el hambre en el mundo llegó a 828 millones en 2021 -el 9,8% de la población mundial-, un aumento de 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. No solo la foto actual es trágica, sino que además el panorama a futuro se presenta poco alentador: el texto lamenta las proyecciones para 2030, que apuntan a casi 670 millones de personas -el 8 % de la población mundial- todavía con hambre, incluso calculando una recuperación económica global.

Lo cierto es que analizando las cifras que arroja la investigación es posible afirmar que poco (y nada) hemos avanzando en este campo. Ya que el número de personas que hoy padecen hambre no está lejos al de las personas hambrientas en 2015, cuando se fijó la meta de poner fin a la inseguridad alimentaria y la malnutrición para fines de esta década en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Tras un acusado incremento en 2020, la prevalencia mundial de la inseguridad alimentaria moderada o grave permaneció estable en gran medida en 2021, pero la inseguridad alimentaria grave alcanzó niveles más elevados, lo que refleja un deterioro de la situación de las personas que ya se enfrentaban a dificultades importantes. En torno a 2 300 millones de personas en el mundo padecían inseguridad alimentaria moderada o grave en 2021, y el 11,7% de la población mundial se enfrentaba a niveles graves de inseguridad alimentaria.

Los autores del informe consideran que, dadas la amenaza de la recesión mundial en puerta, y las implicaciones que esto tiene sobre los ingresos y gasto públicos, una forma de apoyar la recuperación económica sería reorientando el apoyo alimentario y agrícola para enfocarse en alimentos nutritivos ya que el consumo per cápita de éstos no coincide con los niveles recomendados para dietas saludables. “La evidencia sugiere que, si los gobiernos reorientan los recursos que están utilizando para incentivar la producción, el suministro y el consumo de alimentos nutritivos, contribuirán a que las dietas saludables sean menos costosas, más asequibles y equitativas para todos”, sostienen las agencias de la ONU.

en esta misma línea, plantean que los gobiernos podrían hacer más para reducir las barreras comerciales a los alimentos nutritivos, como frutas, verduras y legumbres. Casi 3.100 millones de personas no podían permitirse una dieta saludable en 2020. Son 112 millones más que en 2019, lo cual refleja la inflación de los precios de los alimentos al consumidor derivada de las repercusiones económicas de la pandemia de la COVID-19 y de las medidas adoptadas para contenerla. Los organismos explican que existe una crisis de alimentos debida a la afectación de las cadenas de suministro por los cada vez más frecuentes eventos climáticos extremos, sobre todo en los países de renta baja. A esta situación se agrega la guerra en Ucrania, que involucra a dos de los mayores productores mundiales de cereales básicos, semillas oleaginosas y fertilizantes. La conflagración altera las cadenas de suministro internacionales y eleva los precios de los cereales, los fertilizantes, la energía y los productos preparados, como la fórmula terapéutica para niños y niñas con desnutrición severa.

Mujeres y niños, los grupos más vulnerables

Otro de los datos que se desprenden del informe es que se calcula que en 2020, en todo el mundo el 22% de los menores de cinco años padecía retraso del crecimiento, el 6,7%, emaciación y el 5,7%, sobrepeso. Los de las zonas rurales y los de los hogares más pobres, cuyas madres no habían recibido una educación formal, eran más vulnerables al retraso del crecimiento y la emaciación. Los de las zonas urbanas y los hogares más ricos corrían un mayor riesgo de padecer sobrepeso. Además, se han hecho progresos constantes en relación con la lactancia materna exclusiva: el 43,8% de los lactantes menores de seis meses de edad del mundo eran alimentados exclusivamente con leche materna en 2020, en comparación con el 37,1% registrado en 2012, pero para cumplir la meta de 2030, esta mejora debe acelerarse. Los lactantes de las zonas rurales, de los hogares más pobres, de sexo femenino y aquellos cuyas madres no han recibido educación formal tienen una mayor probabilidad de ser amamantados

Por su parte, al analizar las cifras desagregadas, se observa que el 31,9% de las mujeres sufrió inseguridad alimentaria, una proporción mayor que el 27,6% de los hombres afectados por el mismo flagelo. Los números representan una brecha de género de 4 puntos porcentuales, en 2020 la diferencia era de 3 puntos. A escala mundial, en 2019 casi una de cada tres mujeres de entre 15 y 49 años de edad (571 millones) sufría anemia, situación que no ha mejorado desde 2012. La anemia afecta a un mayor número de mujeres en las zonas rurales y en los hogares más pobres, así como a las que no han recibido una educación formal.

Las agencias refieren que cerca de 3.000 millones de personas no pudieron permitirse una dieta saludable en 2020, 112 millones más que en 2019, lo que refleja los efectos de la inflación en los precios de los alimentos al consumidor derivados de los impactos económicos de la pandemia de COVID-19 y las medidas implementadas para contenerla. Claramente, los recientes reveses indican que las políticas ya no están proporcionando beneficios marginales crecientes en la reducción del hambre y la mejora de la inseguridad alimentaria y de la malnutrición en todas sus formas. Los gobiernos de países con una economía frágil también están afrontando limitaciones fiscales para transformar los sistemas agroalimentarios. Es el momento de que los gobiernos empiecen a examinar su apoyo actual a la alimentación y la agricultura.

El informe concluye que es urgente adoptar el apoyo público para hacer que las dietas saludables sean menos costosas. En este sentido, los expertos afirman que los encargados de la formulación de políticas deben evitar posibles repercusiones en la desigualdad que pueden ocurrir si los agricultores no están en condiciones de especializarse en la producción de alimentos nutritivos debido a las limitaciones de recursos. Para evitar las repercusiones negativas en las emisiones de gases de efecto invernadero deben adoptarse tecnologías de bajas emisiones para producir alimentos nutritivos; además, deben reducirse la sobreproducción y el consumo excesivo de productos que dan lugar a abundantes emisiones en los países de ingresos altos y medianos altos en consonancia con las directrices dietéticas. Finalmente, afirman que la adaptación del apoyo público actual a la alimentación y la agricultura no será suficiente por sí sola. Deben promoverse entornos alimentarios saludables y debe habilitarse a los consumidores para que opten por dietas saludables mediante políticas complementarias relacionadas con los sistemas agroalimentarios. Serán necesarias políticas de protección social y relacionadas con el sistema de atención a la salud para mitigar las consecuencias no deseadas de la adaptación del apoyo sobre los más vulnerables, especialmente las mujeres, las niñas y los niños. Se precisarán también políticas relacionadas con el medio ambiente, la salud, el transporte y la energía a fin de potenciar los resultados positivos de la adaptación del apoyo en los ámbitos de la eficiencia, la igualdad, la nutrición, la salud, el cambio climático y el medio ambiente.

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