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La entidad sin ánimo de lucro ECODES sostiene que, ante la crisis energética, resulta urgente aumentar la ambición de las políticas energéticas y acelerar la aplicación de las medidas anunciadas, entendiendo que la energía es un derecho fundamental de todas las personas. Al mismo tiempo, sostiene que la crisis bélica que estamos viviendo a nivel mundial debe acelerar la transición energética, no frenarla.
La crisis bélica actual debe acelerar la transición energética

ECODES, organización independiente sin fines de lucro que trabaja hacia un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, y la Fundación Renovables han analizado la batería de respuesta anuncias por el Gobierno de España para responder a la situación actual, algunas de las cuales ya estaban activadas previamente. El análisis que han hecho ambas entidades es positivo, pues estiman que las propuestas se encaminan a salvaguardar el impacto de los precios actuales en las personas más vulnerables. No obstante, insisten en la necesidad de ir más allá para acelerar el cambio hacia un sistema energético renovable y distribuido, entendiendo la energía como un derecho y un bien esencial.

El mensaje es claro: la energía debe ser accesible para toda la sociedad, para lo cual es indispensable realizar un impulso de la eficiencia energética y de las renovables como alternativa principal. Es que la emergencia climática, los compromisos adquiridos y la necesidad de independencia energética obligan a erradicar los combustibles fósiles de nuestro sistema energético, algo que tanto desde ECODES como desde la Fundación Renovables vienen demandando desde hace años y que ahora se pone en evidencia.

ECODES explica que nuestro país no puede convertirse en hub de gas, combustible contaminante y del que no disponemos, y aumentar la inversión en estas infraestructuras a largo plazo. Ello supondría la obligación de mantener por tiempo indeterminado y sujeto a compromisos exógenos este combustible contaminante y existe el riesgo de generar compromisos financieros que acabarían recayendo, como en el pasado, en los consumidores. Por el contrario, la solución para estos momentos convulsos debe ser clara: impulsar la eficiencia y las renovables, sin perder de vista un proceso real de democratización energética. El aumento de la ambición en estos objetivos debe ser una prioridad en la próxima revisión del PNIEC y de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, alineándose con el “Fit for 55” y con las medidas de la Comisión Europea del pasado 5 de marzo.

Otro punto que destaca la organización ambientalista es que la subvención de 20 céntimos por litro a los hidrocarburos, que es regresiva y eleva la componente inflacionaria, debe diferenciar entre sectores productivos y no productivos. Su aplicación debe ser temporal y transitoria, y debe dirigirse exclusivamente dirigida a paliar los efectos que tiene sobre el transporte y el sector primario. No se puede ir contra el principio de “quien contamina paga”. Se debe cuidar a los más vulnerables apostando por la reducción de precios del transporte público.

Asimismo, ambas entidades apoyan el esfuerzo hecho por el gobierno español en Europa para la reforma del modelo marginalista en la formación de los precios en el mercado eléctrico, considerándola como la única solución frente a otras opciones transitorias que no reflejan ni la realidad del mix ni la dependencia de todos los países de la UE en la cobertura de sus necesidades energéticas. Desde el punto de vista de ambas entidades, debería estudiarse la fijación de precios a las tecnologías, en función de su coste de generación y de su papel en la gestionabilidad del sistema.

El mensaje es claro: en esta situación de emergencia, es necesario que la generación renovable, mucho más barata, y la nuclear, mientras esté en funcionamiento, estén fuera de la influencia marginalista. Ello abarataría la factura eléctrica e impediría que la hidroelectricidad sea la coartada de la fijación de precios con referencia al gas natural. Además, es preciso ligar el PVPC a la producción renovable RECORE mediante acuerdos bilaterales por subasta a los consumidores en PVPC, donde se encuentran los más vulnerables para poder percibir el bono social. Es una muy buena medida acelerar los plazos de la retribución del RECORE para este año, como se propuso en noviembre, con un impacto directo y a corto plazo en los consumidores.

Por su parte, en lo que respecta a la capacidad regulatoria y fiscal para contener los precios, ambas asociaciones reclaman los siguientes puntos:

  • La puesta en marcha de todas las medidas pendientes de ejecutar y aprobar y que suponen un cambio inmediato en los cargos regulados de la tarifa eléctrica: avanzar en la aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), destinar lo recaudado por el CO2 a reducir la parte regulada, que el modelo de tarificación responda a un “pago por uso” del sistema y se eliminen las asimetrías de la imputación de costes regulados y extender la amortización del déficit de tarifa y reducir el IVA al 10% de manera permanente.
  • Reformar de urgencia la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para abrir la competencia del sistema eléctrico centralizado, con la transposición efectiva y completa de las directivas europeas, a nuevos actores y servicios energéticos. Con el fin de obtener un sistema realmente distribuido, descentralizado, transparente y democrático. Necesitamos implantar los agregadores y la gestión de la demanda, los sistemas de eficiencia, las diferentes modalidades de autoconsumo, las comunidades energéticas y las plataformas participativas P2P (Peer to Peer).
  • Crear una tarifa social que sustituya al bono social eléctrico e incluya el consumo mínimo vital, así como la aplicación de un IVA superreducido del 4 % atendiendo a la consideración de la electricidad como un bien de primera necesidad. Este IVA superreducido se aplicaría a los términos de consumo y potencia para todos los consumidores domésticos, garantizando el derecho a la electricidad para todas las personas.
  • La creación de un fondo de urgencia público-privado para hacer frente a la pobreza energética que apoye a las familias vulnerables y a la rehabilitación de sus viviendas y al acceso al autoconsumo. Las aportaciones privadas a este fondo deberían proceder, entre otras fuentes, de los “beneficios caídos del cielo” que están obteniendo las empresas energéticas como consecuencia del sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad.
  • Concesión automática del bono social eléctrico por criterio de renta, mientras la tarifa social llega. Se establecerán los mecanismos necesarios para conceder de forma automática el bono social eléctrico a todos aquellos que puedan beneficiarse por criterio de renta sin necesidad de solicitarlo. Esta medida aparece ya reflejada en la línea 4 de la Estrategia nacional contra la pobreza energética, aprobada en 2019, pero aún no ha sido implementada.

La situación de emergencia causada por la invasión de Ucrania ha hecho que se tomen decisiones temporales que, como la subvención de los combustibles fósiles, van en dirección contraria a la política climática acordada por todos los países en la cumbre climática de Glasgow. ECODES y la Fundación Renovables insisten en que estas medidas deben ser excepcionales y temporales.

El bono social, positivo pero insuficiente

Finalmente, en relación con las medidas vinculadas con el bono social, ambas organizaciones las consideran bienvenidas pero insuficientes. Celebran el cambio de unidad familiar a unidad de convivencia para la solicitud del bono social dado que, en gran parte de los casos, aumentará el límite de ingresos permitido. Esto facilitará el acceso potencial a mayor número de personas. No obstante, lamentan que solo se considere unidad de convivencia a aquella formada por matrimonios o parejas de hecho, dejando fuera otros modelos familiares. Además, los límites de consumo siguen vinculados únicamente al número de menores y no al de todos los miembros de la unidad de convivencia.

Aunque las propuestas presentadas suponen un avance en la automatización de la concesión del bono social, éste se da solo en parte. Se renuevan automáticamente los bonos sociales pasados los dos años, y se prevé una automatización para el nuevo colectivo de personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital. Se insta a que la puesta en marcha de la herramienta, pendiente según el BOE, se haga lo antes posible, y que se extienda la automatización a todas las personas que pueden recibirlo por criterios de renta. En este sentido, ECODES y la Fundación Renovables lamentan que no se haya atendido a su reivindicación continuada de modificar los límites de consumo bonificados en función de las variables de localización climática y número de miembros de la unidad de convivencia y, en esta situación de crisis, deslimitarlo de forma excepcional.

Ambas instituciones concluyen que debemos avanzar hacia un sistema que garantice el derecho a la energía, atendiendo a su carácter de bien de primera necesidad, permita la participación de la diversidad de agentes y asegure la transparencia. No estaremos seguros mientras no construyamos una economía descarbonizada, basada en la eficiencia, el ahorro energético y las energías renovables. Antes de la invasión de Ucrania ya había muchas razones para acelerar la transición energética, ahora hay muchísimas. Ni Europa ni España dormirán tranquilas mientras dependan de los combustibles fósiles. Su era debe acabar lo antes posible. Esta crisis bélica debe acelerar la transición energética, no frenarla.

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