Detener la emergencia climática no depende únicamente de la voluntad de los estados de hacerlo. Si bien este es, sin dudas, el primer paso, lo cierto es que el financiamiento es una parte fundamental. Ante la gravedad de la situación medioambiental actual resulta urgente aumentar las inversiones en la naturaleza para cerrar las brechas de financiamiento climático y de biodiversidad y para ocuparse de la necesidad de acelerar la restauración de la tierra en todo el planeta, señala el informe Estado del Financiamiento de la Naturaleza, divulgado el pasado jueves 27 de enero.
Se trata de una publicación elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Foro Económico Mundial y la Iniciativa Económica de la Degradación de la Tierra y detalla que ese incremento de inversión equivaldría a un total acumulado de 8,1 billones de dólares y a una tasa de inversión anual futura de 536.000 millones de dólares. El estudio explica que, si bien son cantidades muy elevadas, el mundo las precisa si quiere cumplir sus objetivos en materia de cambio climático, biodiversidad y degradación del suelo.
Invertir en acciones sostenibles es prioritario. El informe plantea un panorama poco alentador y destaca que el ritmo de extinción de las especies, el calentamiento global, el creciente número de fenómenos meteorológicos extremos y las enfermedades zoonóticas como el COVID-19 refuerzan aún más la necesidad de invertir en políticas públicas y programas concretos que mejoren la resiliencia de los ecosistemas y aborden los retos sociales como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la seguridad del agua, la salud humana y la mejora de la resiliencia ante el riesgo de catástrofes.
El estudio hace hincapié en que los recursos naturales son la base del sistema económico mundial con más de la mitad del Producto Interno Bruto global proveniente de ellos y cita a los sectores agrícola, alimentario y de la construcción entre los que dependen completamente de la naturaleza. Los autores del reporte indican que la actividad humana y un modelo económico que prioriza el crecimiento a corto plazo han dañado enormemente los ecosistemas, por lo que pide un cambio de mentalidad que transforme la relación de las personas con la naturaleza. De lo contrario, advierte, la explotación irracional de los recursos naturales generará cada vez mayores pérdidas financieras.
Si bien es innegable que en los últimos años el financiamiento ha aumentado y los gobiernos y el sector privado destinan algunos segmentos de sus partidas presupuestarias a la inversión sostenible y a soluciones basadas en la naturaleza, el informe recalca la insuficiencia de los presupuestos que se les asignan, que al 2020 ascendían a 133.000 millones de dólares anuales. Concretamente, de esas inversiones, el 92% son hechas por los países del G20 y el 87% de ellas se distribuyeron internamente hacia programas gubernamentales nacionales.
En este sentido, el análisis enfatiza que a pesar de que la brecha de gasto en los países que no pertenecen al G20 es más grande y difícil de cerrar, los integrantes del grupo destinan apenas el 2% de la inversión a la asistencia oficial para el desarrollo, mientras que las inversiones privadas son muy pequeñas independientemente de que ese sector compone el 60% del PIB nacional de casi todas las naciones del G20.
Asimismo, el estudio hace hincapié en que el volumen total de financiamiento de la naturaleza es considerablemente menor que el del financiamiento del cambio climático. En este contexto, exhorta a los países del G20 a crear oportunidades de inversión privada en soluciones basadas en la naturaleza.Entre otras medidas para aumentar la participación privada, los gobiernos pueden fomentar mercados estables y predecibles para los servicios de los ecosistemas como el carbono forestal o prestar dinero público a tasas inferiores a las del mercado, plantea el documento.
Así, el documento exhorta al G20 a aumentar la inversión en países menos desarrollados, lo que a menudo puede ser más rentable y eficiente que invertir internamente en soluciones similares basadas en la naturaleza. El desglose de la inversión actual marca un 86% de fondos públicos y 14% de inversión privada y especifica que los gobiernos nacionales asignan más de un tercio del dinero público a la protección de la biodiversidad del paisaje y casi dos tercios a la restauración de bosques y turberas, la agricultura regenerativa, la conservación del agua y los sistemas de control de la contaminación natural.
El financiamiento privado, por su parte, se destina básicamente a compensaciones de biodiversidad, cadenas de suministro sostenibles e inversiones de impacto.Según los expertos del informe, a medida que las empresas entiendan mejor las oportunidades de las soluciones basadas en la naturaleza, surgirán o se fortalecerán los productos financieros de reducción de riesgos, como las garantías y los seguros, para crear perfiles de riesgo-rendimiento atractivos dirigidos a los grandes inversionistas más convencionales.
