En la reunión informal de ministros de Medio Ambiente y Energía de la UE, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha defendido la necesidad de recuperar el enfoque de la propuesta original de Taxonomía de la Comisión para orientar las inversiones hacia una descarbonización sin riesgos ambientales.
Teresa Ribera insta a orientar las inversiones hacia una descarbonización sin riesgos ambientales

La transición energética es una de las prioridades para España. En este contexto, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reiterado ante los ministros de Medio Ambiente y Energía de la UE, reunidos hoy en Francia, el rechazo de España a la propuesta de la Comisión para incorporar el gas y la nuclear entre las tecnologías consideradas sostenibles por la Taxonomía Europea.

De este modo, la vicepresidenta se refería a las alegaciones presentadas por España a la propuesta del colegio de comisarios y a la carta suscrita junto con Austria, Dinamarca y Luxemburgo, en el que los cuatro países exponían su rechazo a incluir el gas y la energía nuclear en la Taxonomía. El criterio aplicado al gas, de no emitir más de 270 gramos de CO2/kWh, está por encima de las recomendaciones del IPCC y la AIE y eliminaría de facto el principio de “no causar daño significativo” (DNSH por sus siglas inglesas) establecido en la primera propuesta de Taxonomía, fijado precisamente en ese nivel de emisión.

El motivo del rechazo se debe a que, en palabras de la ministra, se trata de una propuesta controvertida “que puede distorsionar y generar confusión” a la hora de encauzar inversiones sostenibles en la UE. “Ni la nuclear ni el gas cumplen los criterios científicos y legales para ser consideradas sostenibles ni recibir el mismo tratamiento que tecnologías incuestionablemente verdes, como la eólica o la solar, y orientan en sentido contrario a las prioridades de un proceso de descarbonización de la economía europea sin riesgos ambientales”, ha dicho.

Nuestro país considera que la propuesta de la Comisión emite una muy mala señal a los mercados financieros para orientar su inversión hacia tecnología realmente sostenible y con poco riesgo. Además, advierte de que puede reducir significativamente la inversión en fuentes incuestionablemente limpias, de modo que supone una amenaza para el proceso de transición energética y la consecución de los objetivos europeos de descarbonización.

La reunión informal convocada por la presidencia francesa de turno ha analizado el papel de los impactos del paquete normativo del Fit for 55% -que fija el compromiso comunitario de reducción del 55% de emisiones de CO2 para 2030- en la vida de los ciudadanos europeos y los retos que representa en términos de equidad y justicia social. La transición hacia la descarbonización de la economía europea debe ser justa y “sólo tendrá éxito si contamos con el respaldo de la ciudadanía y somos capaces de mostrarles los beneficios y oportunidades de este proceso”, ha subrayado la vicepresidenta.

Cabe destacar que España considera que la propuesta de la Comisión sobre la Transición Justa proporciona una base sobre la que trabajar, si bien plantea algunas preocupaciones basadas en la equidad social y el reparto equitativo del esfuerzo para los países y sectores, además de igualar la cohesión climática de los impactos y riesgos entre el sur y el norte de Europa Asimismo, nuestro país insiste en la importancia de que el esquema legislativo en el que pretende avanzar la Comisión respete las particularidades de cada región, permita flexibilidad a los estados miembros y facilite los fondos suficientes para garantizar una transición inclusiva y la adaptación de los trabajadores y profesionales a los nuevos modelos de negocio en todos los sectores.

Finalmente, Ribera ha dejado en claro que entiende que debe acelerarse el desarrollo de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética para que los consumidores puedan beneficiarse cuanto antes de sus ventajas y se reduzca la dependencia de la UE de las importaciones energéticas y la volatilidad de los mercados internacionales de materias primas.

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