Los desequilibrios sociales y la crisis climática, entre otras cosas, vienen determinados por una visión dominante que orienta la responsabilidad de la empresa hacia la generación de beneficios y, más específicamente, hacia la creación de valor sin límites para el accionista a corto plazo. Sin embargo, existen otros paradigmas que pueden comprender la actividad económica desde otra óptica. En este sentido, empresas e instituciones piden una ley que reconozca a las empresas con propósito con el objetivo de impulsar en España la transición hacia una economía inclusiva, regenerativa y sostenible. Este avance en materia jurídica tendría distintas implicaciones positivas a nivel empresarial, social, político y jurídico.
Otro modelo económico es posible

El modelo de desarrollo actual es inconducente. Lo sabemos. Lo han dicho desde diferentes corrientes teóricas y diversos activismos. Si seguimos produciendo y consumiendo del modo en el que lo hacemos, la tierra no aguantará. Los recursos naturales son finitos y más temprano que tarde se acabarán. Re pensar el actual modelo económico y la lógica subyacente del "úselo y tirelo” resulta tan necesario como urgente.

Según una reciente consulta de Edelman, sólo un 29% de la población confía en las empresas. Foros influyentes como la Business Roundtable (BRT) o el Manifiesto de Davos reconocen esta crisis de liderazgo y denuncian que el propósito de la empresa no puede ser, únicamente, generar valor para el accionista. Después de casi seis décadas de primacía del accionista, hoy vemos como las principales corporaciones ponen en duda el modelo de capitalismo corporativo imperante y abogan por una nueva visión empresarial.

Este modelo tradicional que ya ha dado muestra de ser obsoleto, más que crear valor, ha concentrado el valor y, como consecuencia, ha generado graves desequilibrios sociales y daños al planeta. Detener esta catástrofe no es sólo tarea del sector público, sino también del sector privado. Reconocer esta disfunción y adoptar una visión empresarial genuinamente orientada hacia la creación de valor para el conjunto de la sociedad y el triple impacto -ambiental, social y económico- es hoy una oportunidad a la que no podemos renunciar.

Es por esto, que ante el actual contexto de crisis generalizada en diferentes ámbitos y a nivel global empresas e instituciones piden una ley que reconozca a las empresas con propósito con el objetivo de impulsar en nuestro país la transición hacia una economía inclusiva, regenerativa y sostenible. La Agenda 2030 de Naciones Unidas establece un horizonte de transformación común a todas las economías y el reto pasa por integrar esos Objetivos de Desarrollo Sostenible en un modelo productivo que, necesariamente, tiene que ser más respetuoso con las personas y con el planeta.

Para esto, que empresas e instituciones piden una ley que reconozca a las empresas con propósito con el objetivo de impulsar en España la transición hacia una economía inclusiva, regenerativa y sostenible. Concretamente, se propone crear una figura jurídica, las "Sociedades de Beneficio e Interés Común" (SBIC), que identifique legalmente a aquellas compañías que alcancen los más altos estándares de desempeño social y ambiental verificado, transparencia pública y responsabilidad legal; y que en sus estatutos se comprometan a la generación explícita de un impacto social y ambiental. Aunque pueda parecer utópico, lo cierto es que esta iniciativa está muy cerca de hacerse realidad. Esta propuesta de ley ha recibido el apoyo de más de 350 organizaciones, cerca de 30.000 personas y 50 personalidades quienes han firmado el Manifiesto para el Impulso de un modelo empresarial inclusivo y sostenible, que recoge esta petición dirigida a la administración y a los poderes públicos. El documento afirma que dentro de la gravedad de la crisis derivada de la COVID-19, tenemos la oportunidad de impulsar una visión transformadora de la economía y del papel de la empresa. Lo que hoy hagamos, como individuos y como sociedad, determinará nuestro futuro y el de las generaciones venideras, por lo tanto, no hay tiempo que perder.

Ciertamente, la aprobación de esta nueva figura tendría distintas implicaciones positivas a nivel empresarial, social, político y jurídico. Este reconocimiento legal permitirá y acelerará que más empresas sigan comprometiéndose estatutariamente a cumplir objetivos sostenibles, medir su impacto, evaluar sus resultados y seguir un plan de acción, a través de controles externos, por medio de auditorías, e internos. Y no lo hacen únicamente a nivel legal, sino también ante sus públicos.

Existe mucha desinformación sobre el tema. El mito acerca que la sostenibilidad no puede ir de la mano de la rentabilidad es cada vez menos creíble. Hay sobrada evidencia empírica que muestra que las empresas con propósito generan impacto positivo y rentabilidad por igual, por lo que son un motor de crecimiento con mucho potencial e interesantes para los inversores. Pero para que esto se desarrolle de manera masiva es necesario contar con una legislación que lo respalde. Así lo explica María Ángeles León López, vicepresidenta de SpainNAB: “El invertir en empresas con propósito es un elemento diferenciador muy potente, pero es necesaria una ley que ponga en valor a estas empresas y que de seguridad a los inversores. Así, cada vez habrá más personas entre la comunidad financiera que apoyen la inversión de impacto”.

Si bien es preciso contar con iniciativas empresariales y transformaciones de tipo sociales y culturales, la necesidad de la norma es evidente. El manifiesto sostiene que uno de los elementos necesarios para la transición es el impulso legislativo, ya este establecería una hoja de ruta y un modelo empresarial y social a seguir y a cumplir. La finalidad de crear la figura legal de las "Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC)" es sentar las bases jurídicas para el fomento de sociedades mercantiles que, en el desempeño de su objeto social, velan por la generación de un impacto positivo en las personas y el medio ambiente, mediante el establecimiento de condiciones objetivas que permitan a dichas sociedades acogerse a una denominación y un régimen común, susceptibles de ser identificadas y distinguidas en el mercado por: en primer lugar,  un propósito de beneficio social y ambiental; en segundo lugar, el desempeño y gestión de triple impacto; en tercer lugar, la transparencia y la gobernanza y, por último, la rendición de cuentas.

Además de los factores sociales detallados, que hacen ineludible afrontar un cambio en nuestro sistema económico, la creación de las Sociedades BIC estimula el desarrollo de un modelo empresarial orientado a la generación de valor compartido y sostenible a largo plazo, que alinea los intereses de las empresas, sus accionistas, las administraciones públicas y la ciudadanía. Aún estamos a tiempo de cambiar el curso y repensar nuestros sistemas económicos, hacerlo depende de nosotros. De la voluntad política de tomar decisiones que estén a la altura de las demandas de nuestro tiempo. El mundo está en nuestras manos.

¡Comparte este contenido en redes!

Síguenos

Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook
Top