Este año se cumplen diez años del hito que, de la mano de John Ruggie, marcó un antes y un después en la valoración de las empresas como agentes protectores de los DD.HH. Se trata de la creación del marco de referencia para trabajar los derechos humanos dentro del entorno empresarial: los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.
Décimo aniversario de los Principios Rectores sobre Empresas y DD. HH: avances y nuevos retos

Este año, el año de la partida física de John Ruggie, se conmemora también el décimo aniversario de la creación de sus Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2011, también conocidos como Principios de Ruggie. Se trata de un instrumento internacional consistente en 31 principios para implementar el marco "Proteger, Respetar y Remediar" establecido por las Naciones Unidas para atender la cuestión de los estándares de la responsabilidad de las empresas multinacionales y la rendición de cuentas con relación a los derechos humanos.

Los Principios fueron desarrollados por el Representante Especial del Secretario General de la ONU, John Ruggie, y constituyen la primera normativa global para prevenir y reparar la violación de derechos humanos relacionada con la actividad empresarial, luego de la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social aprobada por la Organización Internacional del Trabajo en 1977. Estos fueron aprobados unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 16 de junio de 2011.

Con motivo de este aniversario, el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas, dependiente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha publicado una evaluación de los diez primeros años de aplicación por parte de los Estados y las empresas, ha publicado un informe que propone un balance de los avances, los retrocesos y los retos, así como de los obstáculos y las oportunidades para promover medidas más sólidas y cambios en los próximos años. La primer buena noticia es que el documento señala que en el último decenio se está viendo un creciente número de empresas comprometidas públicamente con los Principios Rectores, las cuales están desarrollando diferentes formaciones y prácticas internas, tanto para contribuir al respeto de los DD.HH., como para abordar las repercusiones negativas en sus operaciones y en toda su cadena de valor.

Si bien el informe no muestra datos específicos sobre el respeto de los derechos humanos por las empresas, sí realiza una valoración sobre los estudios, los índices de referencia y las calificaciones que se han desarrollado a lo largo de estos últimos diez años y estos apuntan en la misma dirección: hay avances, aunque con grandes oportunidades de mejora. En este sentido, la brecha entre las políticas y la práctica empresarial sigue siendo un desafío clave para lograr la aplicación efectiva de los Principios Rectores.

Siguiendo con los avances, el informe destaca que la aclaración aportada por los Principios Rectores sobre el contenido y el alcance de la diligencia debida de las empresas en materia de derechos humanos (la forma en que una empresa identifica sus principales riesgos en materia de derechos humanos y toma las medidas necesarias para prevenir y mitigar esos riesgos) ha permitido progresos en la regulación y la legislación en diversas jurisdicciones.  

El documento publicado por Naciones Unidas explica que esta regulación es de tal importancia, ya que el último decenio ha puesto de manifiesto que los enfoques voluntarios no son suficientes por sí solos. Y, por tanto, el aumento de las medidas obligatorias acelerará los progresos en el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. A este respecto también se han pronunciado las voces empresariales, que cada vez más apoyan las medidas obligatorias de diligencia debida en materia de derechos humanos.

Finalmente, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos ha anunciado que a este primer ejercicio de análisis le seguirá una nueva “hoja de ruta para la próxima década” que se publicaría a finales de este 2021. Será una carta con recomendaciones orientadas al futuro para los agentes y las empresas estatales, así como para otras partes interesadas que desempeñan un papel en la promoción de la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas.  

Asimismo, el documento concluye con una serie de retos a los cuales se ha enfrentado la implementación de los Principios Rectores en estos últimos años:

  1. Los abusos empresariales persisten en todas las regiones:  El documento afirma que los abusos relacionados con las empresas persisten en todos los sectores y regiones, dejando a las y los trabajadores y a las comunidades, incluidos los pueblos indígenas, en situación de riesgo y con escasas perspectivas de protección o reparación de los daños causados. Cuando se producen los daños, siguen existiendo importantes obstáculos para que los titulares de derechos puedan acceder a la reparación y hacer que los responsables rindan cuentas.
  2. El número de Estados comprometidos con los Principios Rectores es bajo: A principios de 2021, había sólo 25 países con planes de ese tipo, 2 con capítulos sobre las empresas y los derechos humanos dentro de su estrategia más amplia de derechos humanos y 18 en proceso de elaboración de planes específicos. El número relativamente bajo de planes de acción nacionales hasta la fecha demuestra que la mayoría de los Estados todavía tienen que dar prioridad a la aplicación de los Principios Rectores.
  3. Aún no hay datos claros para evaluar la actuación de las empresas en materia de derechos humano: Por ejemplo, el número de denuncias de repercusiones negativas, que se suele utilizar como indicador de la actuación, es muy insuficiente para evaluarla, sobre todo por los problemas de acceso a los mecanismos de denuncia de los titulares de derechos afectados. Esta información es realmente valiosa para los diferentes grupos de interés de las organizaciones, especialmente para los inversores. En este aspecto, la publicación señala un amplio margen de mejora para alcanzar el potencial de las instituciones de inversión y los proveedores de datos ambientales, sociales y de gobernanza (Criterios ASG) para impulsar una mejor actuación de las empresas en materia de derechos humanos.

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