Con el objetivo de revertir la orientación de las medidas recogidas en la propuesta del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo de la UE, varias organizaciones de la sociedad civil (Alianza por la Solidaridad, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, CEAR, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Red Acoge, Save the Children y Stop Mare Mortum) han realizado un exhaustivo análisis sobre el impacto que tendría su aprobación y han elaborado un conjunto de propuestas basadas en los estándares internacionales de derechos humanos que buscan avanzar en la protección de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
Este informe surge a partir de que la Comisión Europea presentara hace un año, el 23 de septiembre de 2020, su propuesta con el objetivo de desarrollar una política común en materia migratoria. Pese a que esta iniciativa se anunció como “un nuevo comienzo en materia de migración”, las organizaciones sociales denuncian que es una propuesta que refuerza el enfoque de securitización de las fronteras, la criminalización de la migración, y que obvia los tratados internacionales ratificados por los Estados y sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Las organizaciones denunciantes advierten que el objetivo principal del Pacto es aumentar el número de personas devueltas o expulsadas de Europa y que el mecanismo sobre el que pivotan todos los procedimientos establecidos en el Pacto es el retorno. En lugar de garantizar los derechos de las personas migrantes, lo que propone la iniciativa de la UE es agilizar los procedimientos en frontera reduciendo sus garantías; por la externalización de la gestión de la migración a países que violan los derechos humanos; y por seleccionar, mediante fórmulas estadísticas, las nacionalidades susceptibles de acceder a los procedimientos de asilo sin valorar de manera individual las solicitudes, contraviniendo todos los tratados internacionales en la materia. Asimismo, el informe denuncia que esta nueva política migratoria determina la relación con países terceros en función del control que realicen de los flujos migratorios, reforzando las expulsiones y readmisiones a cambio de la concesión de visados, fondos de cooperación al desarrollo o inversiones.
El documento de evaluación redactado por las entidades defensoras de Derechos humanos explica que resulta especialmente grave el uso de ficciones jurídicas como el concepto de “pre-entrada”, que considera las zonas fronterizas como un limbo mientras se realiza el cribado de las personas migrantes y solicitantes de asilo para no reconocer su ingreso en territorio europeo. Este mecanismo, señala el documento, habilita la creación de los centros de detención para el registro de personas que empiezan a proliferar en la frontera sur, y que han sido denunciados por sus condiciones insalubres y por las reiteradas violaciones de derechos humanos.
El análisis focaliza también en nuestro país y explica que en los macrocentros de contención de las personas migrantes y solicitantes de asilo que llegan a Canarias, hay numerosas denuncias por la falta de instalaciones adecuadas, por su hacinamiento y por la inexistencia de protocolos de identificación ágiles y eficaces para la derivación de personas vulnerables; las devoluciones contra su voluntad de niños, niñas y jóvenes sin acompañamiento adulto desde Ceuta a Marruecos; y la falta de compromiso para llevar a cabo la reforma del Reglamento de Extranjería. Todo esto, afirma el documento, pone de manifiesto la apuesta del Gobierno español por este “nuevo” enfoque de la política migratoria europea, aun cuando no se ha aprobado formalmente.
La situación es preocupante porque bajo supuestas políticas inclusivas se está llevando a cabo una violación de Derechos Humanos inaceptable en la Unión Europea y, puntualmente, en España. Es por esto, que las organizaciones arriba detalladas que han elaborado este informe reclaman mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas, la habilitación de vías regulares y seguras, canales y visados humanitarios especialmente en contextos de crisis, cuotas de reparto de acogida obligatorias para todos los países, la adopción de la detención como último recurso, así como la desvinculación de las ayudas para el desarrollo de cualquier objetivo de control migratorio o securitización de las fronteras.
En definitiva, el objetivo de este informe es visibilizar la injusticia y la falta de humanidad de las medidas tomadas por las y los eurodiputados y para contra restarlas se exigen políticas humanitarias, con enfoque de derechos e interseccionales, bajo las cuales el interés superior de la infancia y los derechos humanos y dignidad de las personas migrantes y refugiadas sean respetadas.
